'Ciudad muerta', el documental que avergüenza a España

La televisión de Barcelona retomó el caso de abuso que cometieron agentes contra tres sudamericanos y una española, la cual se suicidó.

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El filme se remonta a un confuso incidente, ocurrido en febrero de 2006. (facebook.com/ciutatmorta)
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Macarena Soto H./Milenio
MADRID, España.- El 4 de febrero de 2006 se celebró una fiesta nocturna en una casa ocupada del centro de Barcelona, propiedad del Ayuntamiento. Varias unidades de la Guardia Urbana —la policía local— acudieron para desalojar la celebración y varios objetos cayeron desde el edificio.

Entre ellos, una maceta impactó en la cabeza de uno de los agentes que quedó tetrapléjico, aunque esta versión, que fue apoyada por el entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, fue cambiada por la policía, la cual aseguró que lo que alcanzó al guardia no fue un tiesto lanzado desde el edificio, sino una piedra lanzada por peatones.

Así fue como los chilenos Rodrigo Lanza y Alex Cisternas y el argentino Juan Pinto fueron apuntados por la policía como los autores de la agresión. El primero pasó cinco años en prisión y dos en libertad condicional, mientras que Cisternas y Pinto perdieron tres años y tres meses de su vida en una cárcel por una agresión que siempre han negado.

A la injusticia sufrida por estos tres jóvenes, que buscan la reapertura del caso para demostrar su inocencia, se suma la tragedia de Patricia Heras, quien el 4 de febrero de 2006 se encontraba en el lugar menos indicado y en la peor de las horas.

Heras había tenido una caída con su bicicleta y acudió al hospital, donde se cruzó con los policías que llevaban a los detenidos para que les curaran las heridas tras la paliza del interrogatorio.

Su apariencia "antisistema" —que también señalan Lanza, Cisternas y Pinto como causa de su detención, además de su nacionalidad— llamó la atención del guardia que la detuvo y acusó de participar en el lanzamiento de piedras de la casa ocupada.

Heras, de nacionalidad española, fue condenada a tres años de prisión, que no cumplió, ya que en un permiso penitenciario se arrojó por la ventana de su casa, quitándose la vida por una condena basada en unos delitos que siempre negó.

El documental saca a la luz siete años de mentiras, versiones manipuladas y testimonios cargados de medidas verdades

Pese a que las condenas se basaron únicamente en la palabra de dos policías, que después serían apartados de su cargo —con privilegios— por propinar una paliza a otro extranjero en un bar, han tenido que pasar nueve años y un documental grabado con micromecenaje.

Con la connivencia judicial y política y el silencio de los medios de difusión tradicionales, el juicio que condenó a los tres sudamericanos se orquestó como un gran montaje que el documental Ciutat Morta llevaba ya un año derrumbando, pero que la emisión en la televisión pública catalana ha catapultado al debate público.

El documental, de 110 minutos, saca a la luz siete años de mentiras, de versiones manipuladas y testimonios cargados de medidas verdades, además de aportar documentos inéditos y declaraciones que bien podrían reabrir el caso conocido ya como 4F, en referencia al día de autos, pese a que la fiscalía se enroca en que sin pruebas nuevas no habrá revisión de sentencia.

Y en medio de esta confusa maraña de datos que se colaron en las casas de los catalanes con una audiencia mayor que la de los programas estrella de la cadena pública, los medios tradicionales dedican ahora portadas y reseñas a un caso más de abuso policial en España, acusada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de no investigar este tipo de violencia.

El bochorno está servido. La falta de independencia del poder judicial y su eficacia estaba ya probada, pero aún parece que a los españoles les duele un bofetón en la cara.

La prensa tradicional, agotada por la crisis económica y la crisis periodística, se dedica más a vender cubiertos que a investigar y husmear en los problemas de la ciudadanía.

Mientras, ésta clama justicia, que no venganz, a menos de días del aniversario de los hechos. Lanza, Heras, Pinto y Cisternas son ahora víctimas públicas de un sistema viciado, prejuicioso e injusto que les robó años a unos, la vida a otros. El silencio parece haber acabado y el 4F queda ya como un ejemplo de que, como tantas otras cosas, algo está cambiando en este bochornoso país.

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