Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- La áspera batalla judicial que libran desde hace cuatro años el Grupo Clarín y la presidenta Cristina Fernández, en la que ambos ponen en juego su imagen y poder ante la opinión pública argentina, entrará en una etapa definitiva cuando este miércoles se celebre una audiencia entre las partes convocada por la Corte Suprema, informa Associated Press.

Litigantes del oficialismo y del poderoso grupo de medios tendrán la última oportunidad para esgrimir públicamente sus argumentos ante el alto tribunal, que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de una Ley de Medios aprobada en 2009.

El fallo de la corte sobre este litigio es esperado con gran expectativa por medios de comunicación y políticos argentinos en el marco de un escenario cada vez más crispado y polarizado, y será leído casi de forma inmediata como un triunfo o una derrota de Clarín o de Cristina Fernández, aún si la corte emite una solución salomónica.

"Esa es la interpretación (del fallo) que se hará teniendo en cuenta la polarización que existe en algunos sectores del país acerca de éste y otros temas", dijo a The Associated Press Daniel Sabsay, el profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires.

Ley de Medios

La batalla judicial se centra en el artículo 45 de la Ley de Medios aprobada en 2009, que fija restricciones a la multiplicidad de licencias audiovisuales en el ámbito nacional y local, lo que ha desatado una batalla épica entre la mandataria y el grupo de medios más poderoso del país, propietario del diario de mayor circulación regional, con 800,000 ejemplares el domingo, y una serie de canales de televisión, entre otros.

El acatamiento de la ley de medios por parte de Clarín es una suerte de reto personal para Fernández, que sostiene que el grupo mediático intentó "destituirla" en 2008, tal como le dijo a su biógrafa, cuando respaldó las protestas de productores agropecuarios en contra de la decisión oficialista de aumentar los impuestos a las exportaciones de soja y de otros granos, que finalmente se frustró.

La audiencia tiene lugar en momentos en que la valoración de la gestión presidencial ha caído: 60% desaprobó el trabajo de Fernández, mientras que 29,1% lo respaldó y 10,9% no supo y no quiso contestar, según una encuesta de la consultora Management & Fit de julio, que entrevistó a 2,000 personas.

También ocurre pocas semanas después de los modestos resultados que obtuvo el oficialismo en las primarias que eligieron a candidatos para las elecciones legislativas de octubre. Con 29% de los sufragios, el oficialismo fue el más votado a nivel nacional pero perdió en 14 de los 24 distritos electorales, entre ellos Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que tienen un peso específico importante.

Según Martín Becerra, experto en comunicación y profesor en la Universidad de Buenos Aires y otros centros universitarios, voces oficialistas admiten que Fernández "al encarar como prioritaria esta batalla (con Clarín)... descuidó el termómetro de lo que realmente le importa a la sociedad", como la inseguridad y la inflación, considerados los principales problemas del país según las encuestas.

El Grupo Clarín también llega golpeado pues, según Becerra, durante el conflicto "reveló sus intereses económicos, además de tener su prestigio periodístico lesionado", en parte por sus continuas críticas al gobierno y porque son vistos por ciertos sectores sociales como un órgano de oposición más que como un medio imparcial.

La audiencia ocurre en el peor momento de las relaciones de Fernández con el Poder Judicial. La presidenta achaca a los jueces en general privilegios injustificados, como el hecho de que no paguen impuestos sobre sus sueldos, y en los últimos tiempos ha dirigido fuertes críticas a la Corte Suprema.

Hasta no hace mucho la presidenta apoyaba a los magistrados de la Corte que gozan de prestigio. Expertos y sectores independientes creen que es la corte cuenta con juristas preparados e imparciales.

Pero ahora el gobierno los ve con cierto recelo luego de que la propia Corte rechazara parte de una reforma impulsada por Fernández para "democratizar y transparentar" el sistema judicial, que según ella, en general es permeable a los intereses de las grandes corporaciones en sus litigios con el Estado.

Al explicar por qué convocó a una audiencia pública, la corte señaló la "trascendencia de las cuestiones planteadas" en el litigio y consideró apropiado "permitir la participación ciudadana en el debate constitucional y, a la par, favorecer la difusión pública del modo en que el tribunal conoce en los asuntos de esta relevancia".

Según Clarín, la norma limita "arbitrariamente" las licencias que no usan el espectro radioeléctrico, como las relacionadas con la televisión por cable (de pago), uno de sus negocios más lucrativos.

El grupo también cree que el artículo 45 viola su derecho de propiedad al obligarlo a desprenderse de señales audiovisuales y que propicia una inestabilidad económica que no podría afrontar, mientras permite a las compañías de televisión satelital y de telecomunicaciones llegar a 2,200 ciudades, cuando a las de cable sólo les permite llegar a 24.

También cuestiona que permita a las empresas estatales de televisión tener cobertura en todo el país, mientras a los actores privados les da "solo 35% del mercado", y que impida tener un canal de televisión abierta y otro por cable en una misma ciudad, situación que Clarín enfrenta en Buenos Aires y sus alrededores.

El gobierno dice que la ley busca combatir los monopolios y la competencia desleal en el mercado audiovisual de medios donde, según el Ejecutivo, el Grupo Clarín tiene una posición dominante, así como democratizar el sector y dar voz a las empresas más débiles. Ello implica que los medios con muchas propiedades deban desinvertir y obliga al Estado a fomentar la participación de medios más pequeños.

La ley señala que la actividad mediática es de interés público, de "carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población" y que la explotación de los servicios podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, "los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponible".

Para el experto Becerra, la redacción del artículo 45 puede ser cuestionable, aunque no es "inconstitucional". El académico afirmó que en general "la letra" de la ley de medios "está bien hecha, porque por primera vez se permite que grupos sin fines de lucro accedan a señales de radio y televisión y plantea la necesidad de que los medios estatales sean diversos y plurales".

Pero Becerra cree que el gobierno incumple el espíritu de la norma, debido a que ha promovido en los últimos tiempos la "concentración de medios afines". Ello debido a que, según destacan diferentes expertos en comunicación, el Ejecutivo aumentó en los últimos años las partidas de publicidad oficial a medios que son considerados progubernamentales. Becerra también considera que existe cierta dejadez de parte del Estado porque la mayor parte de la ley no está siendo aplicada.

Clarín dice que la norma fue impulsada por la presidenta para destruirlo y posibilitar la aparición de medios afines al gobierno. Es la única empresa que cuestionó la constitucionalidad de varios aspectos de la ley que fue aprobada por el peso del peronismo oficialista en el Congreso con la amplia adhesión de grupos opositores de centroizquierda.

Historia del Clarín

Constituido como sociedad anónima en 1999, el Grupo Clarín es el conglomerado de medios más grande de la Argentina y uno de los mayores de la región. Su medio insignia es el diario que lleva su nombre, fundado en 1945.

El grupo también es titular del canal de televisión abierta Canal 13 y de estaciones de radio en AM y FM, el diario deportivo Olé, el diario gratuito La Razón, y las revistas Ñ, Genios, Jardín de Genios, Pymes y Elle. Tiene una participación en los diarios La Voz del Interior, Día a Día y Los Andes, en unos 200 diarios regionales y locales, y en la agencia de noticias DyN.

Posee los canales de televisión por cable Todo Noticias, Volver, TyC Sports, Magazine y Metro y las productoras Pol-ka, Ideas del Sur y Patagonik, y es dueña de la empresa Fibertel, que provee servicios de Internet.

Desde octubre de 2007 cotiza en las bolsas de Londres y Buenos Aires.

La exposición de ambas partes en la audiencia será ante los jueces y los llamados "amigos del tribunal", cinco personas u organizaciones que argumentarán a favor de una u otra parte. A favor de Clarín argumentará el Observatorio Iberoamericano de la Democracia, entre otros, mientras que de lado del gobierno estará el Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas de Argentina.

Fuera de ellos, habrá dos amigos del tribunal que son independientes, según especificó la corte.

Clarín y el gobierno han defendido sus posiciones en diversos estrados judiciales. El último fallo lo expidió la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que en abril dio la razón a la empresa periodística sobre varios aspectos de los artículos 45 y 48, que la obligan a desprenderse de licencias de las señales audiovisuales.

Pero, a su vez, la Cámara avaló la postura del gobierno en otros artículos, el 161 y 41, que contemplan el plazo de un año para desinvertir y regulan la transferencia de licencias.