Agencias
BOGOTÁ, Colombia.- El gobierno colombiano instaló el lunes un puesto en la localidad de Cúcuta para atender la crisis humanitaria provocada tras el cierre de la frontera con Venezuela impuesto por Caracas.

Hasta ahora han sido atendidas 751 personas, de las cuales 612 son adultos y 139 menores de edad que fueron deportados de Venezuela. De ese total 514 personas han sido alojadas en albergues habilitados en Villa del Rosario, en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y a 400 kilómetros al noreste de Bogotá, explicó el gobierno en un comunicado de prensa.

De acuerdo con The Associated Press, el puesto de mando fue instalado por la canciller María Ángela Holguín, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.

El presidente Nicolás Maduro ordenó el viernes el estado de excepción, que incluye el cierre de la frontera, después de que tres soldados resultaron heridos por hombres armados que, según el gobernante, pertenecían a pandillas paramilitares que operan en Colombia.

Aunque los agresores siguen prófugos, el incidente provocó una airada respuesta de Maduro, que envió mil 500 soldados a patrullar la zona en busca de contrabandistas y bandas colombianas a las que acusa de contribuir a la violencia y el extendido desabastecimiento en Venezuela.

El gobernador del estado fronterizo venezolano de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, rechazó las acusaciones de malos tratos a los deportados, que The Associated Press no pudo verificar, y afirmó que ni una sola familia se había visto dividida y todos los deportados fueron tratados con respeto.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, un feroz crítico de Maduro, dijo en Twitter que tenía previsto viajar el lunes a Cúcuta para expresar "solidaridad con los maltratados del dictador".

Un miembro del gobierno colombiano que sigue de cerca la crisis señaló que si bien la situación es tensa, no hay muchos indicios que apunten a que el trato de las autoridades venezolanas a los deportados violara las convenciones internacionales. 

El miembro del gobierno, que no estaba autorizado a comentar el tema en público y habló bajo condición de anonimato, dijo que la mayoría de los deportados vivían sin permiso en Venezuela y probablemente participaban en actividades de contrabando.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos sostuvo que las drásticas medidas de Maduro perjudican a las comunidades a ambos lados de la frontera. Está previsto que los cancilleres de ambos países se reúnan el miércoles para intentar resolver la crisis.

Los opositores venezolanos afirmaron que la crisis fronteriza es un intento del gobierno de Maduro para distraer la atención de la profunda crisis económica.

Como parte de una campaña contra el contrabando, Caracas ya había ordenado este año el cierre del paso de Táchira durante la noche, desplegado más tropas y endurecido las penas de prisión por ese delito. En total, el gobierno señala que más de seis mil personas fueron detenidas por contrabando en el último año.