Agencias
BOGOTÁ, Colombia.- Los sucesivos fracasos en anteriores diálogos de paz que intentaron cinco gobiernos de Colombia entre 1982 y 2002 generaron desconfianza generalizada entre la población, situación de la que no quedó exenta la actual negociación que se lleva a cabo desde 2012 en Cuba, y que está a punto de concluir con la firma de un acuerdo general de paz.

El primer acercamiento de paz del Estado colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se logró durante la administración del presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986), cuando se firma el primer cese al fuego y llega la primera frustración pues las conversaciones de paz no pasaron del alto al fuego y son calificadas por analistas políticos como “lánguido proceso”.

De acuerdo con Notimex, el segundo intento se hizo durante el gobierno del liberal Virgilio Barco (1986-1990), quien recibió como herencia de Betancur el cese al fuego, aunque las ofensivas militares de tropas gubernamentales y rebeldes se mantuvieron.

El principal centro de las negociaciones con Betancur y Barco fue el municipio de Uribe, en el sur de Colombia, considerado el bastión militar más importante de las FARC y sede del secretariado de la organización guerrillera.

Para el investigador Mauricio García Durán, el proceso de paz con las FARC durante la Presidencia de Barco retrocedió en lugar de avanzar por la ambigüedad para enfrentar las negociaciones que ambas partes mostraron.

El presidente Barco siempre sostuvo la tesis de que cualquier iniciativa de paz tenía que ser sobre la base de un plan que permitiera la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros, lo que significaba garantizar su desmovilización como organización armada.

No obstante, este proceso se descarriló el 16 de junio de 1987 cuando la guerrilla emboscó un convoy militar en el sureño departamento del Caquetá. En la acción murieron 26 militares y un civil.Las FARC plantearon su disposición a continuar con el proceso de paz, pero sobre la base de incluir en la agenda reformas políticas, desmontar la guerra sucia y el paramilitarismo, además de la designación de una comisión de paz, diálogo y verificación.

El gobierno consideró que el grupo guerrillero habían roto el cese al fuego, al menos en el departamento de Caquetá (sur), y reiteró que solo era posible avanzar en un diálogo de paz si los rebeldes mostraban su compromiso con la desmovilización y el desarme.

Entre junio de 1987 y febrero de 1988, los guerrilleros intensificaron sus operaciones y obligaron al gobierno a advertir que si los actos violentos continuaban “el camino del diálogo y de las soluciones políticas terminará y se dará paso a la solución exclusivamente militar”.

Las pláticas volvieron a quedar inconclusas y con acusaciones mutuas de falta de voluntad política para avanzar hacia una solución negociada del conflicto armado.

En agosto de 1990 y hasta 1994, asumió el poder César Gaviria, quien retomó la iniciativa de paz que desarrolló el gobierno anterior de Barco, de quien fue ministro del Interior, pero en esta oportunidad con nuevas condiciones y escenarios.

En enero de 1991, las FARC notifican que están dispuestas a ir a la mesa de negociaciones, pero sin el condicionamiento de la rendición y piden que cesen los operativos en su contra, en especial en la histórica zona de Uribe.

En el gobierno de Gaviria las negociaciones de paz salieron del territorio nacional y se trasladaron a Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), pero las mismas fueron enturbiadas por acciones militares de las fuerzas gubernamentales y de los rebeldes.

La Unión Patriótica y el Partido Comunista de Colombia, brazos políticos de la guerrilla, fueron prácticamente exterminados entre 1985 y 1994, uno de los periodos más negros en cuanto a guerra sucia en Colombia, de acuerdo con diversos historiadores.

En el gobierno de Gaviria tampoco cuajó un acuerdo político con las FARC y el mismo quedó totalmente roto cuando las tropas gubernamentales ocuparon los campamentos centrales de los rebeldes en las montañas.

Gaviria firmó pactos de paz con el movimiento M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el indigenista “Quintín Lame”, el Partido Revolucionario del Pueblo (PRT) y una pequeña disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN, conocida como “Corriente Socialista”).

En 1994, asumió el poder el presidente Ernesto Samper hasta agosto de 1998, pero en este cuatrienio prácticamente no se dio ningún diálogo con los principales movimientos insurgentes de Colombia.

En estos años (1994-1998) las FARC aumentaron el número de hombres en armas y consolidaron su poderío militar, especialmente en el sur del país, mientras mantenían su objetivo estratégico de tomarse el poder por la vía armada.

Los diálogos de San Vicente del Caguán (1999-2002), fueron el último fracaso en materia de negociaciones de paz entre el gobierno del conservador Andrés Pastrana y la guerrilla, aunque sirvieron para fortalecer la capacidad militar de las Fuerzas Militares gubernamentales.

En octubre 14 de 1998 -dos meses después de la toma de posesión de Pastrana- su gobierno ordenó la desmilitarización de cinco municipios en un área de 42 mil 139 kilómetros cuadrados, que servirían como sede natural y permanente de las negociaciones de paz.

Los diálogos de paz en el gobierno de Pastrana se desarrollaron con diversas crisis que las partes lograron superar en diferentes momentos, pero fue en los dos primeros meses de 2002, cuando se dio la ruptura definitiva, a pesar de los esfuerzos de mediación de las Naciones Unidas y del grupo de países amigos del proceso, que buscaban por todos los medios acercar a las partes.

El proceso de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC se rompió porque faltó voluntad política de las partes, tuvo un mal diseñado desde el principio pues los actores se plantearon la negociación como una táctica político-militar y no como una estrategia pacificadora.

En la actualidad, los diálogos de paz que se realizan entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana, Cuba, parecen haber llegado a un punto de no retorno que posibilitará que luego de 52 años de guerra fratricida los colombianos firmen un acuerdo general que los llevará a la anhelada paz.