EFE
CARACAS, Venezuela.- Los principales gremios de comerciantes de Venezuela pidieron hoy tomar parte en la creación del reglamento de la nueva Ley de Precios Justos en la que figuran medidas que contemplan la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 % y penas de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.

"El sector de la pequeña y mediana industria está esperando participar de manera muy activa en el reglamento de la ley de costos y precios justos", dijo a la emisora Unión Radio el presidente de la Federación de Industriales (Fedeindustria), Miguel Pérez, que aseguró que la ley preocupa especialmente a pequeños y medianos productores.

Indicó que el elemento que más preocupa a esos productores es el referido a la determinación de costos para obtener ganancias máximas de 30 % y que este aspecto "debe trabajarse muy ampliamente con participación de todos los sectores".

Apuntó, asimismo, que el método de cálculo debe permitir aproximarse "a la realidad económica a cada uno de los sectores e inclusive el tamaño de las empresas".

El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Mauricio Tancredi, también dijo hoy a la misma emisora que no se pueda exigir el mismo porcentaje de ganancia para todos los productos pues existen variantes que influyen que se gane menos o más que ese índice.

"Todo va a depender de la rotación de ese producto", dijo.

Tancredi comentó que a su sector le gustaría poder sentarse a conversar con el Gobierno y exponer sus propuestas que son "sencillas y básicas" pues tienen que ver con la ampliación de las opciones de acceso a las divisas, la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo y el incremento de la producción nacional, entre otras.

La economía venezolana cerró el año pasado con una inflación superior al 50 % y un crecimiento de apenas 1.6%, en medio de una crónica escasez de bienes en los supermercados y una amplia brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal paralelo.

Asimismo, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció la semana pasada la creación de un nuevo órgano para combatir el desabastecimiento de bienes en el país, en un intento por combatir un problema que se ha agudizado en los últimos meses.