Agencias
BRASILI, Brasil.- El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), presentado el pasado 10 de diciembre en el Palacio de Planalto de esta capital, recomienda la revocación parcial de la Ley de Amnistía decretada en Brasil 1979, para castigar a torturadores y otros agentes que cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el pasado.

No se trata de una recomendación unánime, dado que el ministro José Paulo Cavalcanti disintió de sus colegas, al recordar que, en 2010, el Supremo Tribunal Federal (STF), del que forma parte, decidió mantener la validez de esa legislación, según publica Notimex.

Para sus restantes cinco pares, la norma es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La racionalidad es clara: leyes de autoamnistía constituyen un ilícito internacional; perpetúan la impunidad; y propician injusticia continuada, impidiendo a las víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia”, dice un fragmento del informe.

En un discurso emotivo en el que no pudo resistir derramar lágrimas ante los recuerdos de sus tres años presa y torturada en Sao Paulo entre 1970 y 1972, la presidenta Rousseff –integrante entonces de una célula marxista de la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR)- defendió sin embargo los pactos políticos con militares y oposición.

Según el documento, los cinco mariscales y generales convertidos por sus pares en presidentes de Brasil entre 1964 y 1985, son responsables por violaciones graves a los derechos humanos, así como los ministros del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, además de los jefes del Centro Nacional de Informaciones (CNI), entre ellos el cerebro del régimen militar, Golbery do Couto e Silva.

La CNV menciona a 377 personas, de las cuales 359 actuaron durante la dictadura, y otras 18 lo hicieron en años anteriores, puesto que la entidad coordinada por el abogado Pedro Dallari analizó un periodo que va de 1946 a 1988.

“Hoy –dijo Dallari-, los brasileños ya conocemos a profundidad esas violaciones, y culminamos así dos años y siete meses de trabajo incesante por parte de los siete responsables que, a iniciativa de la presidenta Rousseff, integramos la CNV”.

Los presidentes Humberto Castello Branco (1964-1967), Arthur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazú Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) y João Baptista Figueiredo (1979-1985) fueron mencionados en una de las tres listas elaboradas por la CNV como responsables de esos quebrantos a las leyes y a los derechos humanaos durante sus administraciones gubernamentales.

En esa lista de 53 nombres, están los militares que, según la Comisión, tenían responsabilidades políticas e institucionales y el mantenimiento de las estructuras y procedimientos destinados a la práctica de esas violaciones.

“Lo ocurrido entre 1964 y 1985 ocurrió sistemáticamente, mediante la formulación e implementación de formas represivas idealizadas por la dictadura militar, con el objetivo expreso de neutralizar y eliminar individuos o grupos considerados una amenaza al orden interno”, añade el documento.

Y concluye: “En el ámbito de las cadenas de mando sólidamente estructuradas, esos agentes estuvieron ordenados en escalones sucesivos, por vínculos de autoridad, hasta el comando supremo de la Presidencia de la República y de los tres ministerios militares”.

Los tres comandantes de las Fuerzas Armadas que gobernaron Brasil interinamente en 1969, después del alejamiento de Arthur da Costa e Silva - Aurélio de Lyra Tavares (Ejército), Augusto Harmann Rademaker Grunewald (Marina), e Márcio de Souza e Mello (Aeronáutica) – también están en la lista, así como los titulares de los tres ministerios y jefes del CNI.

En otra lista con 258 nombres, se muestra a quienes tuvieron responsabilidades por la autoría directa de conductas que ocasionaron violaciones graves a los derechos humanos; es decir, quienes hicieron el “trabajo sucio”: 114 civiles (44 por ciento), aunque también hay militares, principalmente policías y médicos legistas.

El relatorio de la CNV refiere treinta tipos de tortura, ejecutados por órdenes de los altos mandos militares, quienes –como sus subordinados- recibieron clases en la Escuela de las Américas de Panamá, y en Fort Benning, Georgia, sumándose los nombres de 434 víctimas, cantidad que, se dijo, puede ser mucho mayor debido al gran número de desaparecidos.

La otra lista elaborada, con 58 nombres, de los cuales 14 son civiles, es un término medio entre las dos anteriores, abarcando aquellas que tienen “responsabilidades por la gestión de estructuras y conducción de procedimientos destinados a la práctica de violaciones graves de los derechos humanos”.

Están en ese rol, los comandantes de las unidades de las Fuerzas Armadas y de los Destacamentos de Operación de Informaciones / Centros de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI), jefes de Delegaciones del Orden Político y Social (DOPS) –algunos de ellos responsables de la detención y tortura de Dilma Rousseff-, delegados de la Policía Civil y diplomáticos obedientes al mandato inapelable de la alta oficialidad y la cúpula militar de Brasil en esos años de plomo.