Este lunes, un tribunal de El Salvador condenó a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles.

En tanto, a su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años.

Cabe mencionar que Funes enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes, mientras que el general Munguía Payes fue condenado por los mismos delitos y se le sumó el de actos arbitrarios.

Funes, segundo presidente salvadoreño condenado por violar la ley

Funes, de 64 años, se convirtió así en el segundo presidente salvadoreño condenado por violar la ley durante su mandato (2009-2014).

El Tribunal argumentó en su fallo que las pruebas testimoniales, periciales y documentales comprobaron la comisión de los delitos cometidos por los procesados cuando eran funcionarios.

Señaló que en el juicio quedó establecido que ambos tenían el conocimiento y el dominio de las acciones ilegales que se realizaban como parte de la tregua pactada con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 19, en 2012 y 2013.

Añadió que se acreditaron las reuniones entre pandillas, para lo cual se hacían traslados ilegales de distintas cárceles, y el ingreso a los penales de orquestas y mujeres, así como de los mediadores, sin cumplir los debidos protocolos.

Según el tribunal, los directores de los centros penales no tenían poder de decisión para realizar esas acciones.

Al concluir el juicio, Munguía Payés afirmó que en el proceso hubo muchas irregularidades y se consideró "un condenado político sólo por haber servido como exministro del presidente Funes. Me imputan una serie de acusaciones que no tienen fundamento”.

El exministro de Seguridad dijo que apelará la condena ya que esperaba que lo dejarán en libertad “porque no había ningún sustento legal para todas las imputaciones que nos han hecho”.

Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, no estuvo presente en el juicio. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.

(Con información de AP)