Agencias
BOGOTÁ, Colombhia.- En un caso sin precedentes y que habla bien de la justicia colombiana, una alta corte condenó al Ministerio de Defensa y al ejército colombianos a pagar una indemnización de al menos 1.7 millones de dólares a parientes de 38 soldados muertos en un ataque de las guerrillas de las FARC en 1999, se informó el lunes, según pucliba The Associated Press.

El Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes del país, halló responsable al ministerio y al ejército por su omisión de "prestar el apoyo material y humano solicitado de manera oportuna y reiterada por los oficiales... además los abandonaron a su suerte en los momentos más intensos de un combate con el enemigo", según la sentencia de 95 páginas divulgada en un correo electrónico.

"Tal conducta que no puede ser sino calificada de irresponsable, irrespetuosa, negligente y, por demás, burlona, que asumieron los oficiales superiores aludidos frente a la incesante solicitud de apoyo que elevaron los miembros de la Batería B ante la inminencia de un ataque guerrillero", agregó el Consejo

Además "de colidir abiertamente con los principios de honorabilidad, responsabilidad y solidaridad, inherentes a la disciplina castrense, constituyó una inaceptable falta de respeto y a la vez un abierto desconocimiento a la dignidad humana de los hombres que se encontraban bajo su mando", añadió el fallo.

El ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)  a la patrulla militar se produjo el 8 de julio de 1999 en una zona de Gutiérrez, en el departamento de Cundinamarca, y a unos 32 kilómetros al sur de Bogotá. En el ataque murieron 38 militares y nueve más resultaron heridos.

El ministerio y el ejército "deberán indemnizar a las familias de los soldados muertos y heridos. Además, se ordena que la sentencia sea incluida dentro del pensum académico de todos los cursos de formación", añadió el Consejo, cuyos fallos son inapelables.

También a rebeldes

Apenas el pasado viernes informamos que un alto tribunal colombiano condenó al estado a pagar 379 mil dólares de indemnización por la detención ilegal y tortura de que fueron víctimas dos integrantes del rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por el asesinato de un tercero.

El Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes del país, halló responsable a la nación de los hechos ocurridos en noviembre de 1993 en Cúcuta, 400 kilómetros al noreste de Bogotá.

Los tres rebeldes fueron detenidos en un restaurante en labores de inteligencia para determinar los móviles del secuestro de un ciudadano venezolano