Agencias
WASHINGTON, DC.- Los detalles de un vasto acuerdo comercial Transpacífico presagian un fuerte debate en el Congreso estadounidense, pero podrían calmar las preocupaciones de quienes temen que el pacto debilite protecciones ambientales, laborales y de salud pública.

El texto del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica entre Estados Unidos y otros 11 países, incluyendo Japón, México, Perú y Chile, tiene 30 capítulos y centenares de páginas. El nivel de detalle es asombroso, describiendo planes para el manejo del comercio de todo tipo de productos.

De acuerdo con los gobiernos de los 12 países publicaron el texto completo en la internet el jueves, revelando las especificidades de un acuerdo que según sus detractores fue forjado en secreto.

El documento muestra que el pacto alcanzado el 5 de octubre en Atlanta luego de varios años de negociaciones está cargado de buenas intenciones. Los negociadores acordaron promover la sostenibilidad ambiental, respetar los derechos de los pueblos indígenas y contrapesar protecciones a patentes de drogas con salvaguardas para salud pública y acceso a medicamentos.

Enfatiza además la intención del bloque comercial de atenerse a compromisos previos bajo la Organización Mundial de Comercio y otros tratados internacionales.

Todo eso no garantiza que el pacto no vaya a enfurecer a legisladores en Estados Unidos que han cuestionado si va a ayudar a las exportaciones estadounidenses y crear empleos o solamente expondrá a más trabajadores norteamericanos a competencia de trabajadores con salarios más bajos, dando a las corporaciones poder excesivo.

Bajo una ley de comercio aprobada este año, el presidente Barack Obama debe dar tiempo al público para revisar el texto antes que él firme el acuerdo y lo envíe al Congreso para su aprobación. Los legisladores no pueden modificar el acuerdo con enmiendas. Simplemente deberán votar sí o no. El debate en el Congreso muy probablemente ocurrirá en medio de la campaña electoral presidencial.

Obama enfrenta una feroz resistencia al acuerdo dentro de su propio Partido Demócrata. Hillary Clinton, aspirante a la nominación presidencial demócrata, dice que se opone al pacto. Esa oposición pudiera dificultar que Obama consiga los votos necesarios.

Si los 12 países no han ratificado el acuerdo en un plazo de dos años, existen cláusulas que permiten que entre en vigor si seis países que representan 85 por ciento del Producto Interno Bruto del bloque lo han firmado. Eso significa que la ratificación en Estados Unidos, la mayor economía mundial, es esencial.

Aparte de Estados Unidos, México, Chile, Perú y Japón, los otros países en el pacto son Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Brunei, Singapur, Vietnam y Malasia.

La Casa Blanca dice que el acuerdo elimina más de 18 mil impuestos que las otras naciones cobran a las exportaciones de Estados Unidos. También contempla protecciones a los trabajadores estadounidenses, incluidas cláusulas que garantizan que los trabajadores de otros países tienen derecho a formar sindicatos.

Quienes se oponen al acuerdo dicen que obligará a los trabajadores estadounidenses a competir más directamente con una fuerza laboral que cobra mucho menos en países como Vietnam.

También sostienen que va más allá de los temas comerciales tradicionales como tarifas y cuotas de importación y contiene concesiones a grandes intereses comerciales.

Es evidente la mano de empresas farmacéuticas, estudios de grabación, la industria del agro y otras multinacionales en una multitud de detalles. Pero los negociadores incluyeron también meticulosas referencias a los derechos de cada país a proteger su soberanía y sus intereses.

En respuesta a presiones de Estados Unidos, los países del pacto aceptaron darle a las empresas farmacéuticas ocho años de protección de la competencia de firmas de productos biológicos más baratos. La industria había pedido 12 años de protección.

El pacto subraya que sus cláusulas sobre las patentes de medicinas "no impiden que una parte (un país) tome medidas para proteger la salud pública".

Acota que debe ser "interpretado e implementado de forma tal que respete el derecho de cada parte a proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso de todos a las medicinas".

Si bien el acuerdo permite a las multinacionales cuestionar leyes y reglamentos en tribunales privados sobre la base de que constituyen barreras injustas para el comercio, también contiene protecciones contra los reclamos abusivos y garantiza a los gobiernos el derecho a hacer cumplir las regulaciones sobre salud, trabajo, seguridad y medio ambiente que son de interés público.

En respuesta a quienes temen que las empresas puedan anular las leyes locales contra el cigarrillo, el pacto dice que una nación puede impedir a las tabacaleras apelar a los tribunales para cuestionar las regulaciones sobre salud, algo que seguramente no le cae nada bien a los estados tabacaleros de Estados Unidos.