Agencias
CIUDAD DE GUATEMALA.- La Corte Suprema dio trámite para un antejuicio al presidente Otto Pérez Molina por su vinculación en caso un caso millonario de fraude fiscal y envió el expediente al Congreso para que integre la comisión investigadora.

La fiscalía y la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala solicitaron el retiro de su inmunidad por considerar que está vinculado a una red de funcionarios y particulares que recibió sobornos de empresarios para evadir al fisco.

El magistrado Rafael Rojas dijo a The Associated Press que la resolución fue adoptada fue por unanimidad de los 13 magistrados que conforman la Corte.

Solo la magistrada Blanca Stalling, que también ha salido vinculada en escuchas telefónicas del caso, se excusó de conocer y fue reemplazada por un magistrado suplente.

La peor crisis

Este es el segundo trámite de antejuicio que acepta la Corte Suprema contra el presidente, el primero fue solicitado por el diputado Amílcar Pop, por el mismo caso pero con evidencias de medios. El tema fue descartado en el Congreso.

La Corte enviará el nuevo expediente al Congreso donde la comisión investigadora será integrada por cinco diputados electos al azar que rendirán informe al pleno y recomendarán o no el retiro de la inmunidad.

El presidente vive la peor crisis de su gobierno tras la petición de la fiscalía de que se le retire la inmunidad para ser investigado por el escándalo de corrupción al fisco guatemalteco.

Desde el viernes han renunciado cinco ministros de los 13 miembros del gabinete, 8 viceministros y dos secretarios, en medio de protestas ciudadanas que piden la renuncia del mandatario.

La fiscalía y la Comisión, hay fuertes indicios de que el mandatario está vinculado a una red de defraudación aduanera, denominada "La Línea", que habría robado millones de dólares al fisco guatemalteco.

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti enfrenta cargos por el caso.

Perseguido político

A pesar de las acusaciones, Pérez Molina emitió el domingo un mensaje televisado a la nación en el cual informó que no renunciaría al cargo, que se sometería a los tribunales de justicia, pidió perdón por la corrupción en su gobierno y negó los cargos en su contra.

Se espera que en los próximos tres días se registren protestas y bloqueos de carreteras para pedir la renuncia del mandatario.

Helen Mack, activista de derechos humanos, cree que el presidente "llamó a la confrontación para volverse un perseguido político para evadir la justicia, así que cualquier acto violento será responsabilidad de él ya que las 18 semanas de protestas han sido pacíficas".

La representante estudiantil Lucía Ixchiu llamó "cobarde" al presidente por lanzar ese discurso y porque se atrinchera en su puesto sin haber escuchado al "clamor popular que pide su salida".

El sector empresarial pidió públicamente su renuncia y a esto se unió la Iglesia católica a través del arzobispo guatemalteco Oscar Julio Vian.

"Yo creo que sí debe renunciar", dijo Vian luego de la misa del domingo y al ser consultado sobre la situación del país.

Clima de incertidumbre

El analista y ex vicepresidente Eduardo Stein dijo a The Associated Press que "hay una incertidumbre de ver que es lo que va a pasar después de las acusaciones tan graves de la Comisión contra la impunidad".

La premio nobel de la paz Rigoberta Menchú dijo a AP que esta semana es "crucial que todos los sectores tengamos la capacidad de no propiciar violencia".

El líder campesino Carlos Barrientos dijo que habrá más de 25 puntos que estarán bloqueados alrededor del país para presionar por la renuncia y el rechazo a las elecciones programadas para el 6 de septiembre.

La Comisión, un ente de Naciones Unidas para desarticular aparatos clandestinos y de seguridad dentro del estado guatemalteco, dijo que "La Línea" estaba integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos en sus importaciones.