EFE
BUENOS AIRES, Argentina.- Dejar "la casa en orden", es decir, llegar al final de su mandato, en diciembre, con paz social, finanzas equilibradas y sin nuevos escándalos de corrupción como los que ya salpican a su Gobierno, es el gran desafío de Cristina Fernández para el nuevo año.

Prioritaria es la solución a la crisis de la deuda y la negociación con los fondos especulativos tenedores de bonos emitidos tras la crisis de 2001 que han logrado el respaldo de un juez estadounidense en su demanda contra Argentina.

La negociación con los llamados "fondos buitre", a la que Fernández se había resistido, se facilita tras la caducidad de la cláusula que obligaba a Argentina a pagar en igualdad de condiciones a todos sus deudores.

El litigio, que ha sumido a Argentina en un "default técnico" (cese de pagos técnico), según calificadoras privadas, ha sido uno de los quebraderos de cabeza de la presidenta durante el último año.

Un acuerdo aportaría confianza en la economía argentina, que pasa por un bache, con un crecimiento próximo a cero, una inflación que ronda el 40 por ciento, según consultoras privadas, y una moneda devaluada sometida a restricciones cambiarias que han provocado un insólito florecimiento del mercado negro.

En un año electoral, con la vista puesta en las presidenciales del próximo octubre, la ofensiva de la Justicia argentina contra altos funcionarios es otro de los problemas que inquietan a la presidenta.

La propia Fernández ha resultado salpicada por las investigaciones sobre supuestas irregularidades en una de sus empresas y por sus vínculos con empresarios afines al kirchnerismo que se han beneficiado de contratos estatales.

El escándalo que rodea al vicepresidente argentino, Amado Boudou, que tendrá que sentarse en el banquillo en una causa por falsificación de documentos, ha golpeado también al Gobierno y a las filas del oficialismo, donde aumentan las voces que coinciden con la oposición en que el funcionario debería dejar su cargo y no convertirse en un lastre en plena contienda electoral.

El de Boudou es un delito menor, sancionado con entre uno y seis años de cárcel en el Código Penal argentino, y es altamente improbable que termine en prisión.

Cristina Fernández, que cuando comenzaron a conocerse las causas contra Boudou llegó a decir que se trataba en realidad de una ofensiva contra ella, relegó después a un discreto segundo plano a su vicepresidente y ha optado ahora por un llamativo silencio sobre la causa.

Mientras trata de frenar la ofensiva de la Justicia, la presidenta tendrá que utilizar mucha mano izquierda para negociar con los sindicatos y mantener la paz social hasta el final de su mandato.

Lejos quedan los tiempos en que el kirchnerismo vivía una luna de miel con la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), liderada por Hugo Moyano, y con el grueso de las organizaciones piqueteras, que ahora no pierden ocasión de amenazar a Fernández con paros y protestas masivas.

En esta compleja coyuntura, la mandataria intentará, además, posicionar a sus fieles para la batalla electoral, aunque todavía no ha revelado sus inclinaciones entre los aspirantes en un intento por mantenerse como primera figura política del país hasta el último momento.

Descartada la tentación de plantear una reforma de la Constitución para abrir la puerta a un tercer mandato para Fernández, la presidenta ha intentado acallar los rumores que la situaban como cabeza de lista al Parlasur e incluso al Congreso nacional, alternativas que la permitirían seguir en la política activa y la blindarían, además, frente al avance de la Justicia tras dejar la Presidencia.

De momento, Cristina Fernández prefiere no hablar de su futuro.