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SACRAMENTO, Estados Unidos.- La batalla por la protección de los inmigrantes sin papeles se verá en los tribunales. El gobierno federal estadounidense tiene previsto demandar al Estado de California por poner en marcha leyes llamadas de santuario que evitan la colaboración de las administraciones públicas con la policía federal de inmigración.

De acuerdo con información de El País, se trata del enfrentamiento más grave hasta el momento entre el gobierno de Donald Trump y el estado más poblado del país, convertido en epicentro de la resistencia institucional a todas las iniciativas del presidente.

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El fiscal general, Jeff Sessions, tiene previsto anunciar la denuncia hoy en Sacramento, la capital de California, frente a un grupo de representantes de las fuerzas de seguridad. Según el discurso que está preparado, Sessions tiene previsto decir: “el Departamento de Justicia y la Administración Trump van a luchar contra estas políticas injustas e inconstitucionales que os han impuesto. Vamos a luchar por hacer vuestro trabajo más seguro y ayudaros a reducir el crimen en EU. Y creo que vamos a ganar”.

La demanda puede acabar siendo el caso definitivo donde se dirima cuál es el papel de las administraciones locales y estatales en la política de inmigración. La inmigración es una competencia federal, y la policía que persigue a los indocumentados (ICE, por sus siglas en inglés), depende de Washington. Pero en un país con al menos 11 millones de personas indocumentadas la capacidad de detener y deportar de estos agentes es muy limitada.

Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos (The Intercept)

El Gobierno de Trump dijo desde el principio que exigía la colaboración de todas las policías locales y estatales, que tienen las competencias de seguridad y las bases de datos clave. Y desde el día uno, las policías de la mayoría de las grandes ciudades del país se han negado a esa colaboración.

A esta política de no colaborar con ICE se le llama “santuario”, un término sin verdadera definición legal que agrupa en general el criterio de no utilizar a la fuerza pública para perseguir inmigrantes. Desde que empezó el Gobierno Trump, el enfrentamiento por esta cuestión ha ido escalando verbalmente.  Al principio, se publicaba un informe para señalar a las ciudades santuario. Después amenazó con retirar fondos a las administraciones locales y llegó a hacerlo, hasta que lo paró un juez por inconstitucional.

La batalla de las tres leyes

En ningún lugar ese enfrentamiento ha sido tan intenso como en California. Las autoridades del Estado, fuertemente dominado por los demócratas y que Hillary Clinton ganó por cuatro millones de votos, prometieron desde el principio hacer todo lo posible por proteger a los indocumentados de posibles redadas masivas. Se calcula que alrededor de una cuarta parte de todos los sin papeles de Estados Unidos vive en California.

La demanda de Sessions va dirigida contra el gobernador del Estado, el veterano demócrata Jerry Brown, y el fiscal general, Xavier Becerra, los dos rostros más visibles de California en el enfrentamiento institucional con la Casa Blanca.

Anoche, el Departamento de Justicia trasladó a la prensa que la denuncia se basa en la inconstitucionalidad de tres leyes, todas aprobadas el año pasado. Una prohíbe a los empresarios cooperar voluntariamente con las autoridades de inmigración. Otra da permiso al Estado para inspeccionar centros de detención de inmigrantes.

La tercera es la SB54, conocida como Ley del Estado Santuario, que prohíbe a todos los cuerpos de seguridad de California compartir información con inmigración si no es con orden judicial. Esa práctica, común en las grandes ciudades de Estados Unidos, es obligatoria desde el 1 de enero en todo el Estado, el único donde se ha hecho algo así. La ley SB54 fue propuesta por el presidente del Senado californiano, Kevin de León, también hijo de inmigrantes y que ahora está en campaña para ir al Senado de EE UU.