10 de Diciembre de 2018

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Arrestan al tesorero del partido oficialista por caso Petrobras

Está acusado de su presunta participación en un esquema de corrupción multimillonario en la petrolera estatal.

Joao Vaccari Neto está acusado de lavado de dinero y corrupción en la denominada "Operación Lavacoches". (noticias.uol.com.br)
Joao Vaccari Neto está acusado de lavado de dinero y corrupción en la denominada "Operación Lavacoches". (noticias.uol.com.br)
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Agencias
RIO DE JANEIRO, Brasil.- El tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores fue arrestado el miércoles por su presunta participación en un esquema de corrupción multimillonario en la petrolera estatal, informó Associated Press.

El delegado de la policía federal, Igor Romario de Paula, informó que Joao Vaccari Neto y su cuñada fueron detenidos en la ciudad de Sao Paulo bajo la sospecha de haber recibido sobornos por parte de compañías constructoras investigadas en el escándalo de corrupción de Petrobras. Vaccari fue aprehendido mientras salía a correr por la mañana.

Paula dijo en rueda de prensa que encontraron indicios claros de delitos como desvío de dinero y corrupción y señaló que su intervención en la red data de 2004. La esposa de Vaccari también fue interrogada, ya que las autoridades hallaron depósitos sospechosos en las cuentas de sus parientes.

"Vaccari es mencionado por al menos cinco denunciantes como el intermediario del partido político al que pertenece", dijo Paula. "Observamos un patrón de criminalidad que se repite que es muy claro".

The Associated Press intentó contactar al abogado de Vaccari vía telefónica y correo electrónico para conocer la postura de su cliente, pero el defensor no respondió.

Más de 100 personas han sido acusadas de corrupción, entre ellas tres exdirectores de Petrobras

El tesorero del partido oficialista ha sostenido que todas las donaciones hechas a la organización durante las campañas políticas fueron legales. El Partido de los Trabajadores también lo ha defendido al argumentar que él aún no era secretario de finanzas en el período en que lo acusan de haber recibido sobornos.

La detención de Vaccari sacudió a la esfera política y motivó una reunión de emergencia del partido gobernante, según Sibá Machado, líder del oficialismo en la Cámara de Diputados. El legislador añadió que cualquier decisión con respecto a Vaccari se tomaría en una reunión de la dirigencia nacional el jueves.

La fiscalía fijó cargos hace un mes contra Vaccari por lavado de dinero y corrupción en la denominada "Operación Lavacoches". Lo acusó de recibir 24 donaciones en un período de 18 meses por 4,3 millones de reales (1,3 millón de dólares). El juez Sergio Moro no consideró en ese momento decretar la orden de arresto. Según el diario Folha de S. Paulo, Moro ahora supone que la libertad de Vaccari es un riesgo para la investigación.

Paula señaló que "el tipo de proyección que tiene, la influencia en su cargo y la posibilidad que aún existe de que eventualmente sea fugitivo de la ley son requisitos para la prisión preventiva". No existe un plazo para que Vaccari permanezca en prisión.

La policía informó que tomarían declaración a Vaccari a partir del jueves en la ciudad de Curitiba, sede de la investigación.

Los fiscales federales consideran que el esquema de sobornos es el mayor caso de corrupción que haya sucedido en Brasil y acusan a grandes empresas de construcción e ingeniería de pagar al menos 800 millones de dólares a antiguos directivos de la compañía y políticos a cambio del otorgamiento de contratos con precios exagerados.

Más de 100 personas han sido formalmente acusadas, incluyendo a tres exdirectores de Petrobras. Más de 50 políticos están siendo investigados.

Los investigadores sostienen que parte del dinero se canalizó a gastos de campaña del gobernante Partido de los Trabajadores y de sus aliados. La presidenta Dilma Rousseff, quien encabezó el consejo de Petrobras durante el período en que se entregaron los sobornos, no ha sido implicada.

Según el columnista Gerson Camarotti podrían surgir nuevas dificultades para la presidenta, cuya popularidad ha descendido y enfrenta protestas que exigen su impugnación.

"Dentro del gobierno el temor es que en momentos en que se había lanzado una ofensiva para blindar a Dilma del escándalo, el arresto del tesorero traiga de vuelta una crisis", escribió Camarotti.

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