Agencias
SANTIAGO, Chile.- Un juez chileno acusó el viernes a siete militares retirados de la muerte de un manifestante por quemaduras y de intentar matar a otro durante una protesta contra la dictadura en 1986

El juez Mario Carroza levantó cargos contra seis exoficiales de homicidio con alevosía por el fallecimiento de Rodrigo Rojas, de 19 años, y de homicidio frustrado por el ataque contra Carmen Quintana, de 18. Otro militar retirado fue acusado de complicidad.

Los soldados rociaron gasolina sobre Rojas y Quintana y les prendieron fuego durante una manifestación realizada el 2 de julio de 1986. Rojas murió cuatro días después. Era fotógrafo nacido en Chile y vivía con su madre en el exilio en Estados Unidos.

Quintana, que era estudiante universitaria, sobrevivió y fue sometida a un tratamiento prolongado por quemaduras graves en un hospital en Canadá. Su rostro quemado y desfigurado se convirtió en símbolo de las atrocidades cometidas por la dictadura del general Augusto Pinochet, que duró de 1973 a 1990 y durante la cual 40 mil dieciocho personas sufrieron torturas, fueron encarceladas o murieron.

Los últimos sucesos llegan después de que un soldado rompió el pacto de silencio al declarar el año pasado en uno de los casos más prominentes de violación de los derechos humanos durante la dictadura.

"Las heridas no han quedado en el pasado. Mientras no haya justicia, no hay avances", dijo la madre de Rojas, Verónica de Negri, a la prensa después del anuncio de los cargos. "Todos aquí tienen responsabilidad porque cuando se mantiene el silencio por 29 años, todos tienen responsabilidad".

Aunque demore

La presidenta Michelle Bachelet, quien fue detenida y torturada durante la dictadura, dijo que es importante que la verdad salga finalmente a la luz de forma que estos delitos no se repitan nunca ni queden impunes en Chile.

"Los últimos acontecimientos nos alientan a sentir que siempre es bueno que se llegue a la verdad y que pueda haber justicia, aunque ésta demore 29 años", afirmó Bachelet durante un evento público esta semana.

En 1999, un juez ordenó al gobierno chileno pagarle a Quintana 470 mil dólares. Esta semana, ella agradeció al exsoldado identificado como Fernando Guzmán por declarar en el caso. 

Desde Canadá, donde reside, dijo a una radiodifusora chilena que los soldados que la atacaron eran adolescentes como ella en esa época y que también eran víctimas de la dictadura porque los amenazaron de muerte para que no hablaran.

El ataque fue condenado por gobiernos y defensores de los derechos humanos de todo el mundo. También generó tensiones con el gobierno del presidente estadounidense Ronald Reagan, que exigió una investigación exhaustiva y acción judicial.

En ese momento, el ejército chileno negó toda participación, y Pinochet insinuó que Rojas y Quintana se habían prendido fuego accidentalmente cuando llevaban material inflamable para incendiar barricadas. Pero el testigo declaró que era "una mentira total" y "un invento del ejército para poder justificar dicho actuar".

Silencio comprado

Guzmán dijo que pudo ver claramente el ataque desde la parte superior de un camión militar: un hombre yacía en el piso mientras una mujer estaba contra una pared. Entonces el comandante de una de las patrullas que había detenido a ambos, el teniente Julio Castañer, le ordenó a un soldado que los rociara con gasolina, arrojándosela a la mujer de la cabeza a los pies y al hombre en la espalda. Guzmán testificó que Castañer utilizó un encendedor para mofarse de ambos y luego les prendió fuego.

Rojas y Quintana fueron transportados en un camión militar y luego abandonados en las afueras de Santiago.

Dos semanas después del ataque, dijo Guzmán, los soldados recibieron instrucciones precisas sobre lo que debían declarar y posteriormente fueron amenazados de muerte si hablaban.

"A cambio de nuestro silencio, la institución nos proveyó de permisos, de dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados", aseguró.

Castañer fue arrestado esta semana, y fue golpeado por un grupo de manifestantes, que le gritaron "¡asesino!" y lo patearon mientras estaba en el piso del aeropuerto en la ciudad sureña de Punta Arenas cuando se dirigía a Santiago a ver a un juez. Ahora está detenido en un cuartel militar junto con los otros soldados acusados mientras aguardan un juicio.