Agencias
CARACAS, Venezuela.- Un grupo de diputados oficialistas solicitó el martes al Tribunal Supremo de Justicia que anule lo actuado por la Asamblea Nacional que declaró el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro.

"No podemos nosotros permitir que la irracionalidad, que la locura siga imponiéndose como una forma de hacer política", dijo a la prensa el jefe de la bancada oficialista, diputado Héctor Rodríguez.

De acuerdo con The Associated Press, la fracción parlamentaria del oficialismo acudió hasta el máximo tribunal del país para solicitar la nulidad de los actos del lunes del Congreso en los que la mayoría opositora aprobó la declaratoria de abandono del cargo de Maduro.

Rodríguez agregó que también se pidió a la Corte que "juzgue las responsabilidades políticas, administrativas y penales" de los diputados opositores.

La Asamblea Nacional aprobó, con 106 votos a favor, aprobó la declaratoria de abandono del cargo de Maduro por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales. El Congreso está integrado por 163 diputados de los cuales 109 son de la oposición y el resto del oficialismo.

La oposición justificó el proceso contra el mandatario alegando que hay una "grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de los derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de la nación".

Aunque la Asamblea Nacional tiene potestad constitucional para declarar el abandono del cargo de un presidente, algunos analistas y juristas estiman que la declaratoria no tendrá ninguna incidencia debido a que es una acción meramente política que es muy posible que sea anulada próximamente por el Tribunal Supremo, que es señalado de estar controlado por el oficialismo.

Durante el año pasado la oposición impulsó varias acciones, incluido un proceso de referendo revocatorio de mandato, para tratar de acelerar el fin del gobierno de Maduro, pero todas fueron bloqueadas por las autoridades judiciales y electorales.

A partir de este martes Maduro alcanzó más de la mitad de su mandato de seis años, con lo que se anuló cualquier posibilidad de realizar elecciones presidenciales anticipadas. La constitución establece que si ocurriera la salida del presidente de su cargo o su fallecimiento durante los últimos dos años de gobierno, ese período deberá ser completado por el vicepresidente.