EFE.
CIUDAD DEL VATICANO, Vaticano.- Una sentencia dictada en Estados Unidos considera que la Santa Sede no puede ser acusada de responsabilidad directa en los casos de abusos sexuales cometidos por algún miembro del clero en el mundo, informó hoy Radio Vaticano en su edición digital en inglés.

El Tribunal de Apelación de Oregon rechazó el pasado lunes una causa puesta en marcha en 2002 sobre la supuesta responsabilidad de la Santa Sede en un caso de abuso sexual.

Los hechos se refieren a un sacerdote irlandés demandado en 1965 por abuso sexual contra un menor de edad, caso que la Santa Sede pasó al estado laico pocas semanas después de que su orden religiosa le informara de lo sucedido.

El recurso presentado por el sacerdote, y rechazado por el tribunal estadounidense, defendía el principio de que la Santa Sede está informada directamente y tiene el control de todos los sacerdotes del mundo.

Ante tal razonamiento, la Santa Sede debería ser acusada de responsabilidad directa en los casos comprobados de abuso sexual por parte de cualquier miembro del clero.

Sin embargo, el caso fue desestimado por el Tribunal de Apelación de Oregón, que consideró esta premisa errónea.

De hecho, según explica el abogado de la Santa Sede Jeffrey S. Lena en un comunicado en Radio Vaticano, los sacerdotes están bajo el control de sus superiores y no son "empleados" de la Santa Sede, como sería el caso de una empresa.

Además, agrega Lena, no es cierto que la Santa Sede reciba y tenga información de todos los sacerdotes del mundo.

En una entrevista posterior a Radio Vaticano, el abogado Lena aseguró que se ha querido tratar a la Iglesia católica como una gran empresa encabezada por el Papa.

El litigante afirmó que la actuación de la Santa Sede se limitó a reducir al sujeto al estado laico una vez informada de los hechos, tal como habían pedido sus superiores religiosos.

El letrado recordó que ha habido dos pronunciamientos similares en Estados Unidos: los casos O'Bryan, en Kentucky, y John Doe 16, conocido como el caso Murphy, en Wisconsin, en los que se rechazó sendas demandas de apelación que pretendían hacer valer principios similares.