Agencias
SAN SALVADOR, El Salvador.- En los últimos 20 años, cientos de padres víctimas de la guerra salvadoreña han padecido la incertidumbre y el dolor de no tener respuestas a lo sucedido con sus hijos, hoy jóvenes, desaparecidos.

Algunos han perdido la esperanza de encontrarlos o dar con los responsables de los crímenes para llevarlos a los tribunales de justicia. Otros cientos de casos han sido resueltos y las familias ya se reencontraron o se encontraron los restos de los infantes.The Associated Press presenta un reportaje de esta situación.

Gregoria Herminia Contreras tenía cuatro años cuando fue separada de sus padres por un soldado que la adoptó a la fuerza, la registró con un nuevo apellido y la llevó a su casa en momentos en que la guerra civil salvadoreña recrudecía.

Pese a que era una niña Contreras, hoy de 35 años, aún recuerda vívidamente las imágenes de los combates que antecedieron a la separación. "Salimos huyendo todos, junto a la casa, la familia y, de repente, todo termina porque nos capturan a nosotros, mis padres desaparecen", dijo la mujer que ahora vive en ciudad de Guatemala.

Por primera vez, la organización no gubernamental Probúsqueda dice haber documentado al menos una decena de casos de menores que fueron hurtados por militares salvadoreños, de bajo y mediano rango, para quedarse con ellos, para regalarlos o para ofrecerlos en adopción a cambio de dinero. Así, el Salvador se constituye en la segunda nación latinoamericana cuyas Fuerzas Armadas están involucradas en desaparecimientos, adopciones ilegales y retenciones de niños después de Argentina.

A diferencia del país austral, donde militares de alto rango se apropiaron de más de 500 niños durante una campaña clandestina contra opositores de izquierda, el rapto de menores en El Salvador ocurrió en medio de una guerra civil entre el estado y la guerrilla denominada Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, según publica The Associated Press.

Mientras la gran mayoría de los bebés argentinos nacieron en cautiverio y sus madres fueron asesinadas luego de dar a luz en los cuarteles donde habían sido encerradas y torturadas, los menores salvadoreños fueron separados de sus familias después de los combates que desplazaban a la población civil, víctima del conflicto.

Probúsqueda y la oficial Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, creada en 2010 por el presidente Mauricio Funes, a instancias de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005, creen que casos que involucran miembros del Ejército salvadoreño pueden aumentar dramáticamente si el Ministerio de Defensa atiende los pedidos y hace públicos los archivos de la guerra, que dan cuenta de los responsables de las operaciones castrenses durante la guerra.

Los militares, la mayoría ahora en retiro, también se han negado a practicarse las pruebas de ADN solicitadas. "Sin esos archivos no podemos señalar puntualmente tal militar", dijo el procurador Óscar Humberto Luna.

"La gestión actual (gobierno del presidente Mauricio Funes) ha hecho cosas importantes a nivel de reconocimiento de responsabilidades por crímenes de guerra, pero me parece sorprendente que no se esté poniendo a disposición los archivos militares", dijo María Ester Alvarenga, directora de Probúsqueda. "Siento frustración de que a estas alturas no se haya logrado nada".

En los 20 años que lleva trabajando en el tema, Probúsqueda ha recibido 921 denuncias de niños desaparecidos en general. Ha podido establecer la identidad y paternidad de 382 mediante pruebas de ADN. De ellos, 235 personas ya se rencontraron con su verdadera familia, 95 más ya fueron localizados y están a la espera del reencuentro, y 52 más fueron encontrados muertos.

La organización, que tiene un banco con información genética de familiares de menores desaparecidos, aún tiene 529 denuncias por aclarar.

La Comisión de Búsqueda también ha esclarecido varios casos de desaparecimiento de menores. Actualmente tiene a su cargo 203 denuncias, 165 de las cuales fueron recibidas por la cancillería en años pasados. Durante 2012, la comisión investigó 124 casos y pudo establecer la verdadera paternidad de 15 jóvenes. Tres de ellos se reencontraron con su familia y otro está pendiente del rencuentro. Dos jóvenes fueron localizados en Italia y otro en Estados Unidos. También se hallaron ocho cuerpos de niños que fueron asesinados y enterrados durante la guerra.

Uno de los primeros casos que involucran a los militares fue el del rapto y adopción forzada de Gregoria Herminia Contreras, que fue perpetrado por el soldado fallecido Miguel Ángel Molina, del batallón antiguerrilla Atlacatl, quien la registró como su hija en la alcaldía municipal de Santa Ana, al occidente del país, según un fallo de la Corte IDH, que condenó al estado salvadoreño por su desaparición, la de sus dos de sus hermanos, Serapio Cristian, que entonces tenía un año y ocho meses, Julia Inés Contreras, que tenía cuatro meses, y tres menores más cuyas edades oscilaban entonces entre los tres y los 14 años.

Ese batallón antiguerrilla fue entrenado por el gobierno estadounidense que prestaba ayuda militar y económica al gobierno salvadoreño en ese entonces y Molina terminó suicidándose años después.

"Este militar me robó todo, me quitó mis papás, me quitó mis hermanos, me quitó mi identidad", dijo Contreras. "No pude vivir como una niña porque nunca me dio amor de padre y siempre vivió persiguiéndome hasta violarme. Yo tenía diez años y no pude hacer nada".

Contreras y los demandantes ante la Corte IDH esperaban que el estado reconociera su responsabilidad en los hechos, una investigación y enjuiciamiento de los responsables, encontrar el paradero de los restantes desaparecidos, la recuperación de la identidad de Contreras, asistencia médica y psicológica, la realización de un acto público de reconocimiento de la culpa estatal, y, finalmente, el bautizo de escuelas con los nombres de las víctimas y el acceso público a los archivos estatales.

La sentencia se ha cumplido parcialmente porque Julia Inés Contreras sigue desaparecida, los archivos militares siguen siendo reservados y la cancillería "nos ha dicho que se designarán las escuelas, pero no nos han dicho cuándo", dijo Dolores Ortiz de Probúsqueda.

En un acto realizado el 29 de octubre en la ciudad San Vicente, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, reconoció la responsabilidad del estado en el rapto de Contreras y pidió perdón por la desaparición forzada de seis niños mencionados en la sentencia de la Corte IDH. En el acto estuvo presente Contreras.

"Pido perdón en nombre del Estado salvadoreño, a los cientos de familias salvadoreñas que fueron víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado interno, a esas familias que sufrieron el infinito dolor de ser golpeadas por la desaparición de sus seres más queridos y más vulnerables", dijo Martínez en el acto en el que estuvo presente Contreras.

Las desapariciones de Contreras

Según la Corte IDH, las desapariciones de Contreras, sus dos hermanos y los otros tres menores "fueron perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas entre 1981 y 1983, las cuales se enmarcan en la fase más cruenta del conflicto armado en El Salvador y se insertan en el patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas, quienes eran sustraídos y retenidos ilegalmente por miembros de las Fuerzas Armadas en el contexto de los operativos de contrainsurgencia, práctica que implicó, en muchos casos, la apropiación de niños y niñas e inscripción con otro nombre o bajo datos falsos".

Cuando los militares no se quedaban con los niños, fueron dados en adopción a familias a través de una sofisticada operación que incluía orfanatos ilegales, llamados 'casas de engorde' porque allí los niños eran bañados, curados de sus heridas, alimentados y vestidos, para luego ser entregados a familias extranjeras o locales a través de una red de abogados.

"(Fueron) grupos de abogados, algunas veces en coordinación con los militares, (quienes) se encargaban de los trámites de adopción" y los mandaban a Italia, Francia y, sobre todo, a Estados Unidos", dijo María Ester Alvarenga, directora de Probúsqueda. "Hicieron negocio. Hubo dinero de por medio. Tenemos una entrevista con una familia francesa que tiene hasta el recibo de la cantidad de dinero que dio".

La separación de los niños y sus familias y su desaparición "pueden clasificarse de la siguiente forma: 1) adopciones en las que existe un proceso judicial, siendo que la mayoría se asignaron a familias extranjeras, principalmente en Estados Unidos, Francia e Italia; 2) `adopciones de hecho' o `apropiaciones'... en que familias salvadoreñas se hicieron cargo de los niños y las niñas pero jamás formalizaron la adopción...; 3) casos de "apropiación" por parte de militares, quienes los incluyeron como hijos, aunque la mayoría de los casos los niños fueron utilizados para trabajos domésticos o agrícolas; 4) niños o niñas que crecieron en orfanatos sin acompañamiento, en los cuales los encargados no intentaron encontrar a los parientes; y 5) niños y niñas que crecieron en instalaciones militares", dice la Corte IDH en su fallo de octubre de 2011.

La AP intentó en reiteradas veces concretar una reunión con representantes de las fuerzas armadas para conocer su versión de los hechos pero una vocera respondió reiteradamente que, "la solicitud está en manos de los jefes, pero aún no tengo respuesta".

Probúsqueda no ha hecho público los nombres de, al menos, una decena de militares para proteger a las víctimas. "El día que se toquen a un elemento de la fuerza armada de ese nivel se genera una situación difícil", dijo Alvarenga: "Es un poder real".

Esa organización dice que contactó a algunos militares para pedirles que se hagan las pruebas de ADN y así aclarar algunos casos y dijeron que se negaron. "No podemos obligarlos", dijo Alvarenga porque no hay un proceso penal abierto en contra de ellos porque el estado salvadoreño no ha actuado en los últimos dos años. "Desearía que se acerquen a estas personas (militares) y les digan, denos el ADN de ese joven y el suyo para compararlos, para saber si en verdad son sus padres, pero no lo han hecho".

"Era un negocio como la venta de armas", dijo a la AP Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos, un organismo no gubernamental. "La venta de niños fue un negocio con familias que podían pagar por estos niños. Hay militares y sus socios que hicieron negocio".

Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos, duda que se esclarezcan todos los casos, especialmente los que involucra a los militares, que según él "siguen teniendo poder" y son casi intocables. Aquí hay un poder fuerte, un poder que ejercen antiguos miembros de la fuerza armada. Eso es obvio".

El gobierno tampoco dio una respuesta clara sobre el porqué no ha ordenado al Ministerio de Defensa que de acceso a los archivos. El director de derechos humanos de la cancillería, David Morales, dijo que es la Comisión la que debe hacer las pesquisas por su cuenta. "Existe una obligación del estado y de las instituciones de facilitar la información", dijo.

"La cuestión es cómo hacer esa gestión (pedir la apertura de los archivos)", dijo el monseñor Gregorio Rosa Chávez. Miembro de la Comisión de Búsqueda. "En eso estamos. Es un mandato... la Comisión responde a una sentencia de la Corte... y el mandato incluye tener acceso a los archivos".

Guerra civil

Los combates durante la guerra civil se caracterizaban por el esfuerzo del Ejército salvadoreño de aislar a la guerrilla de la población para que los rebeldes no tuvieran acceso a alimentos o medicinas. Las operaciones incluían bombardeos, ataques a pobladores y masacres de civiles, como fue documentado en marzo de 1993 por la Comisión de la Verdad para el Salvador, que esclareció algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Al salir huyendo, ancianos y niños quedaban atrás porque no podían hacer las largas caminatas. Entonces "eran asesinados o... se llevaban los niños a menudo luego de asesinar a sus familiares", dijo Alvarenga.

Durante los enfrentamientos, los niños supervivientes y desplazados eran evacuados en helicópteros y muchos fueron puestos a disposición de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja Salvadoreña, "que luego los distribuía en los distintos orfanatos instalados en El Salvador con la presunción de que sus padres habían muerto", dijo Alvarenga.

Cuando la separaron de su familia, Contreras fue raptada junto a sus hermanos y otros nueve menores. Un helicóptero se llevó a los varones mientras que las niñas fueron transportadas en camiones. "Ya no supe nada de Serapio Cristian, ni de Julia Inés", dijo la mujer.

Después de ser violada, Contreras huyó donde una "tía", familiar del soldado, y tiempo después se fue a trabajar a San Salvador. Con la ayuda con otra familiar de Molina, pudo establecerse en Guatemala.

Allí, formó una nueva familia y se reencontró con su hermano Serapio Cristian y sus padres, quienes denunciaron penalmente el caso, acudieron a la Procuraduría del país y a Probúsqueda. En diciembre de 2006, la organización publicó un comunicado anunciando el rencuentro familiar. Pero Contreras tiene una relación muy distante con sus padres y su hermana Julia Inés sigue desaparecida.

"Recuperé mi identidad. La otra Gregoria ya no existe", dijo. "Tengo mi esposo y mis hijos, no quiero nada más".