Agencias
ASUNCION, Paraguay.- Cuatro mujeres, familiares de cinco campesinos en huelga de hambre desde febrero, se encadenaron el viernes para reclamar mayor sensibilidad de los jueces que no les dieron a los labriegos el beneficio de la prisión domiciliaria.

Unidas por una gruesa cadena se instalaron frente al Hospital Militar de la capital: Elida Benítez, madre de Néstor y Adalberto Castro; Carmen Paredes, mamá de Arnaldo Quintana; Mirta Benítez, hija de Felipe Benítez; y Raquel Villalba, pareja de Rubén Villalba.

Los cinco campesinos, en huelga de hambre desde hace 57 días, fueron llevados desde la penitenciaría Tacumbú al nosocomio por orden de la Corte Suprema, para evitar un eventual desenlace fatal.

"Mi esposa Elida y las otras compañeras acompañan el sufrimiento de sus hijos y parientes con la convicción de que el lunes, si la justicia no les permite ir a sus casas, ellas también iniciarán una huelga de hambre", dijo Mariano Castro en entrevista con The Associated Press.

Agregó que el fiscal Jalil Rachid "no tiene ni una sola prueba en contra de los cinco huelguistas ( de hambre) y otros siete compañeros de que hayan sido los autores de la muerte de seis policías" en el desalojo en junio de 2012 de la finca Marina Cué, "que para nosotros es del Estado y no de un exsenador", dijo en relación con un exlegislador del oficialista Partido Colorado.

Invasión y asociación criminal

Marina Cué se encuentra en las afueras del pueblo Curuguaty, a más de 300 kilómetros al noreste de Asunción. En la balacera fallecieron, además, once labriegos. A raíz de este suceso el presidente Fernando Lugo fue destituido en un juicio político por el Senado.

Castro recordó a la AP que el miércoles pasado un tribunal rechazó el pedido de prisión domiciliaria por razones humanitarias para los huelguistas. 

Los cinco más siete campesinos que están en sus viviendas en Curuguaty fueron acusados por la fiscalía por los supuestos delitos y crímenes de invasión de terreno ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio doloso.

El fiscal Rachid dijo a la AP que se opuso a la prisión domiciliaria porque los cinco están acusados por crímenes, por tanto la ley no les permite dejar la penitenciaría en forma temporal.