Agencias
CIUDAD DE GUATEMALA.- La Corte de Constitucionalidad revocó un amparo provisional que paralizó el trámite de retiro de inmunidad al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina.

La presidenta de la Corte, Gloria Porras, dijo el miércoles en entrevista telefónica a The Associated Press que la revocatoria se registró tras el análisis del amparo promovido por una abogada a favor del mandatario.

Martín Guzmán, secretario vocero de la Corte, dijo que la corte revocó el amparo provisional otorgado a Karen Fisher y que la víspera también negó un recurso presentado por el propio Pérez Molina, quién dijo que accionaba porque había duda sobre la legitimidad de la abogada para solicitar un amparo en su favor, de acuerdo con The Associated Press.

La Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional el pasado 18 de junio y frenó el trámite iniciado por una comisión de cinco diputados al Congreso de la República que investigan si amerita o no que el pleno del legislativo retire la inmunidad.

La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio promovida por el diputado opositor de izquierda Amílcar Pop, quién denunció a Pérez Molina por vínculos en dos actos de corrupción con una red para evadir al fisco y un fraude en el sistema del seguro social. El presidente ha negado tener participación en ambos casos.

Corruptelas en el gobierno

La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala desbarataron en abril una red de funcionarios que recibían sobornos de empresarios para evadir impuestos. 36 personas han sido detenidas, entre ellas varios pequeños empresarios de diferentes nacionalidades.

Según las autoridades, la red era encabezada por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado y mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien tuvo que renunciar al cargo el 8 de mayo, por su vinculación con miembros de la red, aunque negó las acusaciones. Monzón está prófugo de la justicia.

El otro caso de corrupción se refiere a un fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de 15 millones de dólares en la contratación de una empresa para servicios médicos para pacientes renales. Según escuchas telefónicas funcionarios del Seguro Social habrían recibido comisiones por adjudicar el contrato.