Acusan a hermana del Rey de España de fraude fiscal

La infanta Cristina está a un paso de 'sentarse' frente al juez para responder por desvío de recursos de una fundación de su esposo Iñaki Urdangarin.

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La infanta Cristina, hermana del Rey de España, Felipe VI, está en la mira de la justicia por un fraude en la fundación Nóos, presidida por su esposo Iñaki Urdangarin. La imagen es de la llegada de la integrantes de la realeza a un juzgado en Palma de Mallorca. (Archivo/Efe)
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Efe
PALMA DE MALLORCA, Esp.- La infanta Cristina, hermana del rey de España, Felipe VI, está formalmente acusada de dos delitos fiscales en un caso de corrupción en el que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin, por lo que podrá ir a juicio.

Se trata del "caso Nóos", en referencia a una fundación sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados varios millones de euros de dinero público a mediados de la pasada década.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma (islas Baleares, Mediterráneo), confirmaron hoy la imputación de Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, pero retiraron esa condición en el caso de blanqueo de capital.

El juez instructor del caso, José Castro, había planteado la imputación de Cristina (1965), segunda hija de Juan Carlos de Borbón.

Ahora el juez Castro tendrá en su mano la decisión de sentar en el banquillo a la hermana del rey Felipe VI aunque solo lo solicite una de las acusaciones populares.

Si las partes mantienen las posiciones que han sostenido durante la fase de instrucción, ni la Fiscalía ni las abogacías públicas acusarán a la hermana del monarca español y únicamente un sindicato formulará acusación contra ella.

En ese contexto, el juez Castro deberá dictar un auto de apertura de juicio oral, donde definirá qué personas irán a juicio y cuáles no, y tendrá que pronunciarse de nuevo sobre la infanta, explicaron a Efe fuentes jurídicas.

En el sumario están imputados Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6.1 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos.

El juez sostenía que los ingresos "ilícitos" procedentes del lucro obtenido por Nóos se enviaron a una sociedad llamada Aizoon, cuya propiedad compartían a partes iguales la infanta y su esposo.
El juez sospechaba que Aizoon era una pantalla para eludir algunos pagos a la Hacienda española.

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