Agencias
CARACAS, Venezuela.- Estudiantes universitarios marcharon pacíficamente el sábado por la capital venezolana como parte de las acciones de protestas que realizan desde hace más de dos meses contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, e incluso algunos desafiaron la orden que todas las manifestaciones deben ser autorizadas.

La marcha, que originalmente fue convocada para exigir "la liberación de los presos políticos" y el "sobreseimientos de las causas en contra de estudiantes" procesados judicialmente por las protestas callejeras protagonizadas desde febrero, se convirtió en un desafío a la sentencia que emitió el jueves el Tribunal Supremo de Justicia, que establece que todas las manifestaciones deben contar con la autorización de las autoridades municipales.

El fallo estableció que el derecho a la manifestación consagrado en la Constitución "no es un derecho absoluto" y en consecuencia ordenó que en los casos que no medie un permiso la policía debe dispersarlas, aunque sean pacíficas.

Los opositores dicen que el fallo es el último intento del gobierno de amordazar a la disidencia en medio de un descontento generalizado con la inflación galopante y la escasez de producto básicos.

Portando banderas con el tricolor nacional y sonando vuvuzelas, algunos de los manifestantes, en franca rebeldía ante la sentencia, se desplazaron rumbo al punto de partida de la marcha -en el vecino municipio Baruta- por una avenida del municipio Libertador, el único de los cinco municipios capitalinos bajo el mando del alcalde oficialista Jorge Rodríguez, donde está la sede de los poderes públicos.

Cientos de manifestantes atravesaron pacíficamente un trecho de la avenida principal de Bello Monte del municipio Libertador rumbo al este para unirse al grueso de los participantes de la caminata, luego del cambio de último minuto del lugar de partida de la marcha para evitar confrontaciones.

Desde horas tempranas, cientos de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Nacional con equipos antimotines se apostaron en los principales accesos al centro de Caracas, por lo que la ruta de la marcha fue modificada.

Desde febrero, el alcalde Rodríguez ha negado el permiso a marchar a opositores y estudiantes, principales promotores de las protestas contra el gobierno de Maduro, alegando que el 12 de febrero la oposición realizó una caminata que culminó en los violentos incidentes que dejaron un saldo de tres muertos, varias decenas de heridos y destrozos en instalaciones públicas.

En las inmediaciones de Chacao y Santa Fe, en el este de Caracas, agentes de los cuerpos de seguridad dispersaron el sábado a manifestantes y detuvieron a varios, confirmó a la AP el abogado Alfredo Romero, directivo de la ONG Foro Penal Venezolano.

"Son al menos 18, 19 detenidos en Santa Fe y varios más en Chacao", acotó Romero.

Juan Requesens, líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, dijo a periodistas que los universitarios continuarán en las calles porque "la Constitución está por encima de cualquier sentencia del Tribunal Supremo... la protesta pacífica está garantizada en la carta magna".

"No vamos a acatar esa sentencia ni vamos aceptar que gobierno se salga con la suya y silencie la protesta. La Constitución nos permite, legitima y legaliza protestar de forma pacífica", agregó.

En las ciudades de Maracaibo, y Valencia, en el occidente y centro-occidente del país, respectivamente, opositores también marcharon por el "derecho a manifestar" y el "respeto a la educación", en rechazo a una propuesta gubernamental que plantea un nuevo modelo educativo.

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la desbordada inflación -que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%-, el desabastecimiento de bienes básicos y un alto índice de delincuencia.

Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y unos dos mil 285 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.