EU 'congela' a tres 'narco abogados' mexicanos
Las sanciones incluyen la prohibición a todo estadounidense de realizar transacciones con una empresa propiedad de Rafael Caro Quintero y 'El Azul'.
Agencias
WASHINGTON, D.F.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra tres abogados mexicanos vinculados a una compañía propiedad de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza, alias “El Azul”.
Indicó que los abogados de Guadalajara, José Aviña Bribiesca, Ignacio González Hernández y Janette Iliana González Linares actuaron a nombre de Juvencio Ignacio González Parada, asesor durante muchos años del exlíder del cártel de Guadalajara y del fundador del cártel de Sinaloa, de acuerdo con Excélsior.
Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en Estados Unidos de los designados o de aquellos bienes controlados por estadounidenses, así como la prohibición a ciudadanos de este país a realizar transacciones con los tres abogados.
La designación de fue tomada en coordinación cercana con la DEA (la agencia antidrogas) y con autoridades mexicanas y es parte de una esfuerzo mayor para sancionar organizaciones mexicanas del tráfico de drogas”, indicó un comunicado de la dependencia.
Administración de ilícitos
Apuntó que González Parada sobornó y ayudó a administrar activos y propiedades obtenidas de manera ilícita por ambos capos.
González Hernández y Aviña Bribiesca, hijo y yerno respectivamente de González Parada, así como González Linares administraban propiedades de los narcotraficantes y tenían puestos oficiales en la compañía de bienes raíces Bona-Habitat, también sujeta a sanciones, según la información.
Apuntó que Caro Quintero es buscado también por acusaciones de secuestro, tortura y asesinato del exagente de la DEA Enrique Camarena.
Para empleados corporativos el castigo podría ir desde 30 años de prisión, hasta multas por cinco millones de dólares, mientras las empresas pueden ser multadas hasta por 10 millones de dólares.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o encausamiento de Caro Quintero y Esparragoza.