Miami.- Ha surgido una batalla de último minuto en torno al futuro del exlíder paramilitar Salvador Mancuso, que el gobierno colombiano quiere que sea enviado de vuelta al país ahora que cumplió una larga condena por tráfico de drogas en Estados Unidos.

Mancuso permanece bajo custodia en Estados Unidos, donde completó en marzo una sentencia a 12 años de cárcel por tráfico de cocaína. Colombia está apelando el fallo administrativo de un tribunal que dispuso que sea enviado a Italia, país del que es ciudadano.

Los abogados de Mancuso dicen que sería asesinado de regresar a Colombia, una nación que todavía no cicatriza las heridas dejadas por décadas de un sangriento conflicto. Afirman que cumplió con las obligaciones contraídas bajo el acuerdo que negoció en el 2003, que fija condenas de no más de ocho años para los jefes paramilitares que confiesan sus crímenes.

Las víctimas de Mancuso, sin embargo, exigen la justicia que dicen se las ha negado hasta ahora. Las autoridades colombianas aducen asimismo que negar el pedido de deportación de Mancuso sería un enorme desaire a un firme aliado que trata de superar un conflicto civil de décadas que dejó 260.000 muertos y millones de desplazados. A esa carnicería contribuyó la demanda de cocaína en Estados Unidos, un tráfico que financió a grupos armados ilegales como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Mancuso.

Sucesivos gobiernos conservadores enviaron a miles de colombianos a Estados Unidos para que sean juzgados por tráfico de drogas. El de Mancuso es el caso más sonado, ya que dirigió la producción y el transporte de más de 138.000 kilos de cocaína, según el acuerdo que firmó con Estados Unidos.

“Enviarlo a Italia sería una traición repugnante a las víctimas”, afirmó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Si el gobierno colombiano está honestamente comprometido con la justicia en relación con crímenes atroces, debería agotar todas las instancias legales para que Mancuso sea enviado a Colombia, responda por sus actos y se evite esta humillación a las víctimas”.

La disputa pone de manifiesto las cosas que quedan pendientes en relación con el proceso de paz que involucra a los paramilitares, conocido como Justicia y Paz, que dio paso a la desmovilización de 30.000 combatientes de derecha pero no llegó a cumplir cabalmente el objetivo de verdad y reconciliación.

Las heridas reaparecieron este mes cuando la Corte Suprema colombiana ordenó el arresto del expresidente Álvaro Uribe en el marco de una investigación sobre si colaboró en el soborno de testigos para acallar sospechas en torno a sus relaciones con los paramilitares.

En el 2008, Uribe extraditó a Mancuso y a otros 13 jefes paramilitares para que fuesen juzgados por tráfico de drogas en Estados Unidos. Sus detractores dicen que la inesperada medida, que parece una violación a los acuerdos de paz, buscaba silenciar a esas figuras justo cuando empezaban a revelar secretos sobre sus delitos y la colaboración de políticos, incluido Uribe, quien como gobernador departamental en la década de 1990 apoyó la creación de grupos armados legales para proteger a los hacendados de las guerrillas izquierdistas.