EFE
LIMA, Perú.- Los familiares de las víctimas de las dos matanzas por la que fue condenado a 25 años de cárcel el expresidente peruano Alberto Fujimori anunciaron hoy que denunciarán al juez que ha aceptado revisar la solicitud de arresto domiciliario presentada por el exgobernante.

Gisella Ortiz, una de las representantes de los familiares, declaró a la agencia oficial Andina que la decisión del juez supremo Segundo Morales "carece de legalidad".

Precisó que presentarán una queja ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el organismo de control interno del Poder Judicial, porque Morales "se extralimitó en sus funciones".

"Lo grave es que haya jueces que admitan pedidos absurdos, carentes de legalidad, que deberían ser rechazados, dando una sensación de inseguridad a las víctimas de esa violencia", comentó.

El juez Morales celebró el viernes una audiencia en la que escuchó los argumentos de la defensa de Fujimori para solicitar que se cambie la prisión que cumple en un cuartel policial de Lima por el arresto domiciliario.

Durante esa presentación el fiscal ratificó el rechazo a ese pedido y recordó que la legislación peruana no permite el arresto domiciliario cuando se trata de personas ya sentenciadas.

A la audiencia no asistieron los abogados ni los deudos de las víctimas, que consideran una "afrenta" el pedido.

El abogado de Fujimori, William Castillo, le pidió al juez que tenga "compasión" y ordene que su defendido cumpla en arresto domiciliario lo que resta de la condena a 25 años de cárcel que se dictó en su contra en 2009 por delitos de lesa humanidad.

Al término de estas exposiciones, el juez Morales convocó a una nueva audiencia para el próximo martes, en la que comunicará la decisión que tomará sobre la solicitud.

Gisella Ortíz anunció hoy, al respecto, que los familiares también informarán a los organismos internacionales sobre la decisión del juez y recordó que el Estado peruano perdió una demanda por estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos "y hay un fallo que se tiene que cumplir".

"Periódicamente informamos sobre los avances o retrocesos, que se pueden producir, en el marco del cumplimiento de la sentencia", refirió.

Fujimori (1990-2000) cumple su sentencia en un cuartel policial al este de Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado que dio en abril de 1992.

El exgobernante también cumple otras sentencias menores por delitos de corrupción y actualmente afronta un nuevo proceso por su presunta responsabilidad en la entrega de dinero estatal para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas.