Agencias
MEDELLIN, Colombia.- Cuando está en la selva un guerrillero piensa que vivir en la ciudad es ver gente, caminar por la calle o tener un empleo. Wilson López sabe que no siempre es así.

López pasó de la selva a la prisión y tras ser indultado en enero se radicó en Medellín. Desde entonces no sabe lo que es un trabajo fijo, un hogar, un paseo con la familia. Hasta tuvo que huir al campo por miedo a que lo maten.

"Yo estoy metido en la boca del tigre", dijo López desde el interior de unos almacenes de Medellín donde aceptó hablar con The Associated Press.

López es uno de los 30 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que el gobierno indultó a principios de año como un gesto de confianza para avanzar en los diálogos que culminaron en noviembre con un acuerdo de paz.

Tras su salida de prisión intentó comenzar una nueva vida junto a su esposa y sus dos hijos, pero casi de inmediato recibió amenazas contra él y su familia.

Las amenazas contra López son un ejemplo de las dificultades que enfrentarán los ocho mil guerrilleros y cuatro mil presos de las FARC para reinsertarse en una Colombia dividida y donde no todos están dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos.

Para algunos expertos uno de los mayores riesgos ocurrirá en las zonas donde hay actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, que estaban bajo la influencia de las FARC.

"Hay necesidad de aumentar las acciones de parte del gobierno y crear los mecanismos de protección", dijo a AP el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland. "En el terreno hay mucho por hacer".

Este mes otros 110 prisioneros fueron indultados aunque aún no han salido en libertad. Las FARC exigen la liberación de todos los reclusos para dejar las armas.

López, quien estuvo más de dos décadas en las filas de las FARC antes de ser detenido en 2010, recibió tres cartas con amenazas, todas firmadas por la banda criminal "Los Rastrojos". Antes lo habían interceptado tres hombres en la calle para advertirle que los guerrilleros no eran bienvenidos en esa zona.

"Usted y su familia son declarados objetivos militares por nuestra organización. Por su salud y la de su familia tiene 12 horas para desocupar esta casa", decía una de las misivas que alguien deslizó bajo la puerta.

El ex guerrillero solicitó apoyo a las autoridades y ahora vive custodiado por la policía en una zona rural a cuatro horas de Medellín. El día que llegaron los agentes a cargo de su protección se asustó tanto que se camufló bajo una mata y no salió de allí hasta que lo llamaron para confirmarle quiénes eran. Le dijeron que lo habían buscado por tres meses. Él les explicó que por su seguridad se movía constantemente.

"Yo no confío en ninguno", afirmó mientras sostenía una gaseosa rosada en la mano y casi sin mover los labios, perfilados por un bigote sutil.

Los ataques contra líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos se han disparado. Fueron 52 los muertos entre enero y noviembre según las Naciones Unidas, que manifestó su preocupación por el aumento de la violencia. Otras organizaciones aseguraron que ya superan los 70 muertos. En todo 2015 los homicidios habían sido 41.

Las muertes han ocurrido sobre todo en las áreas de donde las FARC se han retirado para empezar su desarme.

El analista Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, registró que la enorme mayoría de estos atentados se producen contra miembros de las organizaciones pero no contra sus líderes.

"Algo similar puede pasar con las FARC: los líderes estarán bien protegidos, pero los guerrilleros rasos estarán en un peligro mayor", dijo.

Sobre varios integrantes de las FARC entrevistados por AP planea el recuerdo de la Unión Patriótica, un partido formado en la década de los 80 por guerrilleros desmovilizados y que vio caer a miles de militantes a manos de grupos de extrema derecha. Fue en esa época, en 1987, cuando López se unió a la guerrilla.

Desde que nació sólo ha vivido en la violencia. Constantemente habla de su familia, asesinada por un grupo armado que los acusó de ser guerrilleros cuando era apenas un niño.

En la adolescencia, cuando trató de cultivar la tierra que le quedó, volvió a recibir amenazas. "¿Usted quiere vivir más? Cállese", fue lo que aprendió.

La derrota en un referendo del primer acuerdo de paz, firmado el 26 de septiembre, puso en evidencia el escepticismo de muchos colombianos sobre el regreso de las FARC a la vida civil. Pese a la mínima victoria por unos 50 mil votos los defensores del "No" -liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010)- complicaron un pacto que había tomado cuatro años de negociaciones.

Después de 52 años de guerra finalmente el Congreso selló el 30 de noviembre, y sin el apoyo de la oposición, el esperado acuerdo de paz.

Aunque el postconflicto está lleno de retos, especialmente el desarrollo de las instituciones en el territorio adonde el Estado no ha llegado, el paramilitarismo es una de las amenazas que más preocupa a los guerrilleros.

"Desde que entré a la guerrilla sé que me pueden matar en cualquier momento", afirmó días atrás el máximo comandante de las FARC, alias Timochenko. "Muchos quedaremos por el camino", pronunció.

López está convencido de que no quiere "más guerra" pero advierte lo que podría pasar si asesinan a miembros de las FARC.

"Si a nosotros nos matan 20 o 30, volvemos a coger las armas", aseguró. "Nosotros no nos vamos a dejar matar".