PANAMÁ.- Abusando de los cargos que se les confirió y deshonrando a la institución para la cual trabajan y que paradójicamente es la encargada de impartir justicia, los corruptos fiscales José Antonio Candanedo Chiam y Ricaurte González, miembros de gabinete de la ex procuradora Kenia Isolda Porcell, quien ya enfrenta un proceso legal por corrupción, han hecho de la Procuraduría de Justicia de Panamá un botín de mercenarios, al actuar peores que delincuentes despojando ilegalmente de su patrimonio y dañando la reputación de empresarios mexicanos y extranjeros, que el único delito que han cometido es confiar sus inversiones a este país que en ningún momento les ha garantizado seguridad a sus capitales y activos.

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Estos criminales disfrazados de funcionarios, a cargo de una supuesta investigación contra un grupo de inversionistas, se encargaron de falsificar pruebas para inculpar a dos empresarios mexicanos en el presunto delito de lavado activo, a través de sus compañías de software que estaban por desarrollar en Panamá, y que traería grandes beneficios a este país, mismas que actualmente se encuentran paralizadas, en perjuicio de decenas de familias panameñas que dependen de estos negocios.

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Las pillerías de estos funcionarios ha quedado en evidencia pública, luego que el abogado de las víctimas, Sergio Morales Puello, diera a conocer a los medios de comunicación, documentos falsificados que firmó el mismo fiscal Candanedo Chiam. "Lo que está pasando es un crimen en progreso,  cada día que pasa no sólo se perjudica al empresario y a su familia, sino a decenas de empleados y sus familias que dependen de estas empresas", señaló el jurista.

Foto: Agencia / El abogado Sergio Morales, muestra a la prensa el documento falso con la firma del fiscal.

Morales Puello recalcó que se trata de un procedimiento tendencioso y poco serio, en el que los empresarios no tienen ninguna confianza que se pueda hacer justicia en sus casos, pues ha quedado demostrado el mal actuar de estos desleales fiscales que han violentado desde el principio la ley para poder quedarse con algo que no les pertenece, y que a los afectados les ha costado años de esfuerzo, trabajo y sacrificio para obtenerlo.

Habla una de las víctimas

"Se trata de un crimen en proceso que se sigue en mi contra, lo que afecta a mi economía, así como a todos los empleados que dependen de mi empresa", reveló uno de los empresarios perjudicados, quien prefiere por el momento mantenerse en el anonimato.

En este sentido, el agraviado, empresario mexicano, señaló su desconfianza por el proceso turbio que realizan los fiscales de Panamá, donde todo se ha llevado bajo corrupción, específicamente Candanedo Chiam y Ricuarte González, responsables de la elaboración y firma de las presuntas pruebas fabricadas contra él, además que sus activos y bienes fueron asegurados, lo que no sólo agrava su condición como inversionista sino también de sus empleados y familias quienes dependen de él. “Este ya no es un lugar confiable para venir a invertir y vivir de manera tranquila”, concluyó.