Agencias
LITTLE ROCK, Arkansas.- La Corte Suprema de Arkansas anuló este jueves una ordenanza municipal que prohíbe la discriminación en base a la orientación sexual o identidad de género, pero no dijo si una ley estatal con el fin de prohibir estas protecciones para la comunidad LGTB es constitucional o no.

Los jueces revirtieron la decisión de un juez que dijo que la ordenanza anti-discriminación de Fayetteville no violaba una ley estatal que prohíbe que los municipios establezcan protecciones que no estén cubiertas por leyes estatales. 

Fayetteville, enclave liberal en el noroeste de Arkansas, es una de varias ciudades que aprobaron las protecciones locales para lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros en respuesta a la ley del 2015, informa Notimex.

La ley de derechos civiles de Arkansas no cubre orientación sexual ni identidad de género. En un fallo unánime, los jueces rechazaron el argumento que han hecho Fayetteville y otras ciudades que han aprobado tales ordenanzas de que las protecciones están cubiertas en otros sectores de las leyes estatales.

La corte falló que estas otras leyes, incluyendo una ley en contra la intimidación, no está relacionada a leyes en contra de la discriminación y no crean nuevos tipos de protecciones. Los jueces destacaron que la ley del 2015 tiene la intención de crear medidas uniformes en contra de la discriminación en el estado.

"(La ordenanza de Fayetteville) viola la redacción clara de la Ley 137, al crear leyes contra la discriminación en la ciudad de Fayetteville para incluir dos clasificaciones que no estaban previamente incluidas bajo la ley estatal", dijo la corte. "Esto necesariamente crea una ley no discriminatoria y no uniforme y una obligación sobre la ciudad de Fayetteville que no existe bajo la ley".

Los jueces dijeron que no podía fallar sobre la constitucionalidad de la ley ya que esto no había sido abordad por la corte menor y enviaron el caso de regreso a los jueces del condado de Washington, que ratificó la ordenanza de Fayetteville. La fiscal general Leslie Rutledge, cuya oficina había pedido a la corte que ratificara la ley estatal, dijo que estaba agradecida por el dictamen de la corte.