'Sube al autobús. No mires atrás. No me abraces. No me digas adiós...'

Celvyn Mejía Romero le dijo a los jueces que en su país estaba amenazado de muerte, pero han pasado 12 años y no ha conseguido la ciudadanía.

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Celvyn Mejia Romero puede ser un ejemplo de lo que ocurre con niños ilegales en EU: pasan años sin que el Gobierno responda a sus solicitud de ayuda para no tener que regresar a su país, donde viven en medio de la violencia. (AP)
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Agencias
TEXAS, EU.- Cuando llegó a la frontera de Texas, Celvyn Mejía Romero, era un niño atemorizado de apenas 10 años, con la cicatriz de una herida de machete y recuerdos de un tío asesinado, motivos por los cuales se había embarcado en un viaje riesgoso y largo desde Honduras.

Temía quedarse en Honduras y buscaba desesperadamente reunirse con su madre en Estados Unidos.

En julio de 2002, él y dos primos, de seis y 14 años, llegaron cerca de Brownsville después de viajar en tren, autobús y a pie.

Recuerda que su abuela, que vivía en Aramis, Honduras, preparándose para despedirlo, le entregó una bolsa con alimentos, un botellón de agua y le dijo: "Sube al autobús. No mires atrás. No vengas a abrazarme. No me digas adiós".

"Eso", recuerda, "me hizo llorar".

Doce años después, Mejía Romero sigue luchando por permanecer en Estados Unidos...

Su intento tenaz e inusualmente prolongado por conseguir asilo permite atisbar (mirar) el mundo complejo de las leyes de inmigración y las reglas que, según muchos expertos en derecho, son enormemente difíciles de maniobrar, especialmente para un niño, pero ahora a los 22 años Mejía Romero, que ha vivido más tiempo en Estados Unidos que en su Honduras natal, espera prevalecer.

"Creo que si gano este caso, todas mis pesadillas se terminarán porque sabré que no volveré allí", dijo en una entrevista en las oficinas de sus abogados en Boston. "Me sentiré libre. Estaré feliz, feliz, feliz. Será el mejor día de mi vida".

Celvyn llegó a Estados Unidos en 2002 junto con sus 2 primos, de 6 y 14 años de edad

El muchacho, que había intentado una vez antes entrar en Estados Unidos pero fue devuelto en El Salvador, dice que comprende a los miles de niños centroamericanos que han llegado recientemente a la frontera sin sus padres. 

Muchos dicen que escapan a las pandillas y esperan reunirse con familiares. La madre de Mejía Romero vino a Estados Unidos cuando él tenía apenas dos años: ella huía de un novio abusador. El joven recuerda la alegría de abrazar a su madre ocho años después de su llegada.

"Me dan pena", dijo sobre los niños inmigrantes. "Me recuerdan mucho cuando yo era más joven... Siento como si fuera mi propia vida".

El flujo de niños en la frontera ha suscitado una tormenta política. La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobó el viernes por la noche medidas estrictas que el presidente Barack Obama condenó rápidamente.

Como el Senado está en sus cinco semanas de vacaciones veraniegas, el Congreso dividido entró en receso sin ponerse de acuerdo para enfrentar la crisis humanitaria.

Sin embargo, el número de casos de asilo para menores ha sido relativamente reducido en los últimos meses.

La semana pasada, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis por sus siglas en inglés) dijo a una audiencia congresual que la agencia había recibido más de mil 500 solicitudes de asilo de menores no acompañados entre octubre y junio, apenas el 4 por ciento del total, pero la mayoría de los niños no solicita asilo hasta pasados varios meses de su llegada.

Algunos críticos consideran que se ha hecho demasiado fácil conseguir asilo y que las normas para demostrar persecución son demasiado complacientes. El solicitante debe demostrar un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.

Los niños que buscan asilo por temor a las pandillas suelen tener problemas para convencer a los jueces de inmigración que ese es el tipo de persecución que merece protección según las leyes estadounidenses.

"El desafío que enfrentamos es el tipo de reclamaciones que presentan estos chicos", comentó Wendy Young, presidenta de Niños Necesitados de Defensa (Kids in Need of Defense), un grupo que suministra abogados pro bono para niños no acompañados refugiados e inmigrantes en Estados Unidos.

"La ley es muy turbia. Para esos niños es indistinto que sean los militares o los pandilleros los que les apunten con un arma en la cabeza. Huyen para salvar la vida".

Lo que está claro es que los niños no prevalecerán solos, señaló Judy London, abogada de inmigración en Los Angeles que ha representado a varios. "Es un sistema imposible de transitar sin un abogado", afirmó.

Los niños migrantes utilizan la violencia en su país de origen como razón para pedir asilo, pero casi nunca les funciona

Agregó que los casos consumen muchísimo tiempo ya que los abogados pasan decenas de horas solo para que los niños detallen sus experiencias traumáticas.

Un informe reciente de la Universidad de Syracuse que revisó más de 100 mil casos de niños no acompañados que se presentaron ante tribunales de inmigración desde 2005 hasta fines de junio de 2014, halló que casi la mitad de los niños representados por un abogado fueron autorizados por un juez a quedarse, en contraste con los nueve de cada 10 niños que fueron sin abogado que recibieron orden de deportación.

Algunos casos de asilo se resuelven en pocos años y otros pueden tardar mucho más.

Mientras Mejía Romero ha pasado de niño a adulto, sus abogados han mantenido su caso en marcha, pese a numerosos reveses, empezando por la negativa de un juez de inmigración en 2007.

El niño atestiguó que un exvecino lo había herido con un machete y había usado el arma para destruir la casa de su abuela, donde él vivía. Dijo también que había sido acosado por una pandilla de un pueblo vecino, cuyos miembros lo habían lanzado al piso desde el techo de una casita. Su madre también prestó testimonio.

El juez concluyó que esas experiencias eran preocupantes pero que no iban más allá de una serie de hechos aislados con un vecino contrariado y algunos matones.

Una junta de apelación ratificó el fallo y también un tribunal federal de apelaciones por 2-1, pero en una disensión enérgica, el juez que votó a favor del niño argumentó que la familia de este había sufrido "décadas de persecución" por actividades políticas en favor de la reforma agraria. Por lo tanto dijo que había pruebas poderosas para justificar el temor a persecución.

El fracaso de los tribunales administrativos, escribió, "inflige un precio humano terrible a un niño que ha acudido a Estados Unidos por protección".

Con base en las diferencias de opinión de los jueces, sus abogados reclamaron una revisión y el mismo panel de tres jueces se retractó y envió el caso nuevamente a la junta de apelaciones de inmigración.

Mejía Romero terminó haciendo su presentación el año pasado ante un funcionario de asilo en el Departamento de Seguridad Nacional.

Mejía Romero trabaja para una compañía que suministra alimentos para aerolíneas. Dejó los estudios casi al final de la secundaria para ayudar a su familia, pero dice que si le permiten quedarse en Estados Unidos tratará de terminar los estudios y quizás asistir a la universidad.

Sin embargo, madre e hijo siguen viviendo con el temor de la deportación.

"Esa gente que nos persiguió está allí... y creo que bien podrían matarlo", dice su madre. "Con toda seguridad será perseguido, pero hay que tener paciencia. Siempre confiamos en lo mejor".

(Con información de The Associated Press)

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