EFE
CIUDAD DE PANAMÁ.- Huelgas médicas por reivindicaciones salariales y contra una ley que permite contratar especialistas extranjeros cumplieron su octava jornada en El Salvador y Panamá, respectivamente, donde miles de pacientes se han quedado sin atención médica.

Los galenos y otros trabajadores sanitarios en El Salvador mantienen el paro de labores en exigencia de un aumento salarial del 8% para 2014, que está establecido en la Ley de Escalafón de los empleados públicos, pero que el gobierno de Mauricio Funes no incluyó en el presupuesto del próximo año por falta de fondos.

El Ministerio salvadoreño de Salud informó este jueves que la huelga ha provocado la suspensión de "25,217 consultas, 575 cirugías y 38,213 exámenes de laboratorio" desde que comenzó el 26 de septiembre pasado.

Los huelguistas han insistido en que no tienen nada que negociar con el Ejecutivo, porque el ajuste salarial es un dictamen legal y lo único que exigen es que se cumpla.

Funes, por su parte, se quejó este jueves de que la Ley de Escalafón "obliga al Estado a incrementar los salarios independientemente de la disponibilidad de recursos y las necesidades que tenga el país".

El mandatario adelantó además que su Gobierno procederá legalmente contra el personal de salud que ha negado el servicio a los pacientes.

En Panamá, el gremio médico amenazó este jueves con radicalizar la huelga con la eventual suspensión de las guardias médicas voluntarias.

Ello, un día después de que el presidente Ricardo Martinelli firmara en un acto transmitido por cadena nacional la Ley 69, que permite la contratación de especialistas extranjeros cuando los nacionales no llenen las vacantes.

"Nosotros seguimos en la posición de la derogatoria de la ley, no hay marcha atrás (...) estamos pensando también la posibilidad de que las guardias médicas sean abandonadas, porque son voluntarias", declaró el dirigente gremial Domingo Moreno.

Moreno reconoció que abandonar las guardias es una medida extrema pero que no la descartan porque el presidente Martinelli trata de "arrinconar" al gremio, que severa que la ley 69 pone en peligro la estabilidad laboral de los galenos panameños y abre el camino a la privatización de la Salud.

"La única privatización que puede haber en este país es cuando no hay especialistas (en los hospitales públicos) y el paciente tiene que ir a una clínica privada", volvió a responder este jueves el mandatario al negar la supuesta privatización de la Salud.

Atención debida

El gobierno panameño dice que, lejos de las denuncias de gremio médico, la norma garantiza no solo los puestos de trabajo a los médicos nacionales, sino también la debida atención a los ciudadanos del interior del país que ahora carecen de especialistas.

Martinelli insistió este jueves en que la Ley 69 garantiza el trabajo a los médicos panameños porque los especialistas foráneos solo serán contratados por un año y si en ese lapso aparece uno nacional "se va el extranjero".

En un comunicado, la Caja del Seguro Social (CSS) indicó que hay más de 10,000 pacientes que han perdido sus citas médicas por el paro, por lo que en nombre de los 2.8 millones de asegurados pidió a los huelguistas que "se reintegren a sus puestos de trabajo".

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens, dijo el pasado 27 de septiembre que ese organismo iba "a descontar (el salario) al que no trabaje" y que revisaría los contratos del personal en huelga.