Este lunes el primer ministro peruano Alberto Otárola declaró el lunes en una investigación preliminar fiscal por “genocidio”, esto debido a los 56 muertos y 900 heridos aproximadamente que se han registrado en las protestas para pedir la renuncia de la actual presidenta,

De acuerdo con un comunicado, la investigación dio inicio el pasado 10 de enero, pero se le han sumado más delitos como homicidio calificado y lesiones graves, así como esperan que se investigue a Dina Boluarte por no realizar los movimientos adecuados para evitar más enfrentamientos entre civiles y policías.

 Según la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los fallecidos son civiles, donde la mayoría recibió proyectiles por arma de fuego y algunas de las víctimas fueron impactadas por disparos en la cabeza.

Por el rango de los investigados, la indagación está a cargo de la fiscal general Patricia Benavides. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exministros.

CNDH condena hechos en Perú

Las protestas buscan un adelanto electoral inmediato, la renuncia de Boluarte | Foto: AP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), ha pedido al gobierno de Perú a realizar una investigación imparcial, así como condenó la violencia que se vive en dicho País, así que exhortó a las partes abrir un diálogo que ponga fin al conflicto.

Ante los reportes que tienen, se ha informado que en los policías dispararon decenas de bombas lacrimógenas a manifestantes que bloqueaban una vía en la zona de Rancho, en la región Huánuco.

Los enfrentamientos con bombas lacrimógenas continuaron en las calles del centro de la capital, donde miles de manifestantes llegaron desde diversas zonas de los Andes la semana pasada.

Con información de AP