Washington.- El pastor Antonio Velásquez dice que antes de que el gobierno de Donald Trump anunciase medidas contra los inmigrantes que recibían beneficios del gobierno, la gente hacía cola desde la madrugada frente a una oficina del gobierno estatal en un barrio de Phoenix mayormente hispano para solicitar cupones alimenticios y acogerse al seguro médico Medicaid.

Ya no se ven esas colas.

“Venías a las tres de la mañana y probablemente tenías que esperar hasta el final del día”, comentó el religioso, señalando hacia un extremo de la oficina en el barrio de Maryvale para mostrar hasta dónde llegaban las colas.

Una mañana reciente no había nadie haciendo cola y apenas un puñado de personas adentro.

Hoy lunes entraron en vigor nuevas normas que inhabilitan a las personas para sacar la residencia permanente si han recibido beneficios del gobierno. Y cantidades de inmigrantes, incluidos ciudadanos y residentes legales, han renunciado a los servicios que ellos o sus hijos pueden recibir por temor a ser expulsados de Estados Unidos, de acuerdo con Velásquez y otros activistas.

“Esto va a generar más pobreza, más indigentes, más enfermedades”, dijo Velásquez, un conocido líder de los inmigrantes de esta comunidad hispanoparlante de Phoenix.

Las pautas fijadas para determinar si los inmigrantes que buscan la residencia van a ser una carga o no para el gobierno son parte de los esfuerzos del gobierno por reducir la inmigración, sobre todo de gente pobre.

Durante el fin de semana la Casa Blanca dijo que el fallo ayudará a “preservar programas sociales para los estadounidenses que realmente los necesitan, reducir el déficit fiscal, restablecer el principio legal fundamental de que los recién incorporados a nuestra sociedad deben tener medios propios y no depender de la generosidad de los contribuyentes” estadounidenses.

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Las leyes federales estipulan que quienes buscan la residencia permanente o un status legal deben demostrar que no serán una “carga” para el gobierno. Pero las nuevas normas incluyen una serie de restricciones y estipulan que una persona quedará inhabilitada para obtener la residencia si usa el programa Medicaid, cupones alimenticios o subsidios para la vivienda.

El temor que reina en las comunidades de inmigrantes recuerda cómo millones de refugiados renunciaron a los servicios sociales cuando cambiaron las normas en la década de 1990, por más de que la ley que dio lugar a los recortes explícitamente los exceptuaba a ellos.

El Instituto de Políticas Migratorias, organismo sin fines de lucro, dijo en agosto que espera que “un porcentaje importante” de los casi 23 millones de ciudadanos y no ciudadanos de familias de inmigrantes que se acogen a los beneficios del gobierno renuncien a ellos.

Julia Gelatt, analista del Instituto, dijo que los lineamientos son tan complicados que hay versiones de que algunos padres renunciaron a los almuerzos gratis para sus hijos, los cuales no fueron afectados por las nuevas normas.

Gelatt señaló que las medidas abarcan solo los servicios públicos usados a partir del lunes y no afectan a los ciudadanos ni a la mayoría de los residentes legales. Tampoco abarcan a refugiados aprobados por el Departamento de Estado y otros organismos federales antes de su llegada a Estados Unidos ni a las personas que reciben asilo.

Las nuevas pautas tampoco abarcan muchos programas para menores y para mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz.

Cynthia Aragón, de la agrupación sin fines de lucro Helping Families in Need (Ayudando a Familias que lo Necesitan) de Phoenix, dijo que a raíz de la confusión, recomienda a la gente que busque ayuda con entidades de beneficencia privadas que ofrecen comida o atención médica.

“Creo que la gente va a volver a solicitar los servicios del gobierno cuando quede claro cómo funcionan las cosas”, expresó Aragón. “Mientras tanto, les decimos a los inmigrantes que usen otros recursos que hay dando vueltas y que no se sientan víctimas”.