EFE
EL CAIRO, Egipto.- Miles de islamistas se manifestaron hoy en el centro de El Cairo en un desafío a las amenazas de las autoridades, que quieren desmantelar las acampadas de los seguidores del depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi.

La marcha -convocada por la Coalición Nacional de Defensa de la Legitimidad, a la que pertenecen varios grupos islamistas, entre ellos los Hermanos Musulmanes- partió después del mediodía local de la mezquita de Fath, en el distrito de Ramsés, hacia la acampada de Rabea al Adauiya, en la zona de Ciudad Naser.

Según pudo constatar Efe, los manifestantes, la mayoría hombres, aunque también había algunas mujeres veladas, gritaron lemas como "Abajo el poder de los militares" y "Mursi, Mursi, no hay más Dios que Alá".

"Esta marcha es para confirmar que los revolucionarios no tenemos miedo de las amenazas de ayer de que iban a disolver la protesta en Rabea al Adauiya. Vamos a continuar con estas manifestaciones pacíficas hasta que logremos la legitimidad", dijo el ingeniero Said Mohamed Zuilam, de 37 años, que portaba una fotografía de Mursi.

La manifestación interrumpió el tráfico en uno de los carriles de la calle Ramsés, en cuyos lados decenas de curiosos grababan con sus teléfonos móviles la protesta.

La convocatoria de movilizaciones de hoy se produce tras las informaciones difundidas el domingo que apuntaban a una inminente intervención de las fuerzas del orden para desmantelar las acampadas en las plazas de Rabea al Adauiya y del Nahda, levantadas después de que Mursi fuera depuesto por el ejército el pasado 3 de julio.

Una fuente de los servicios de seguridad reveló a Efe ayer que estaba previsto que las autoridades comenzaran a aplicar las medidas para disolver las dos protestas en las horas siguientes para que, en un plazo de entre siete y diez días, las plazas estuvieran desalojadas por completo.

Sin embargo, la fuente señaló hoy que por ahora se desconoce cuándo entrará la policía y que se elegirá el momento en que haya el menor número de personas en esas plazas.

El plan para desmantelar las protestas en Rabea al Adauiya y Nahda consiste en un cerco policial que se irá estrechando gradualmente.

Las autoridades pretenden que los manifestantes evacúen poco a poco ambas plazas, al tiempo que se prohíbe la entrada de más personas y alimentos.

Pese a la existencia de este plan, la fuente de los servicios de seguridad no descartó que la operación se aplace si tiene éxito la mediación anunciada por el jeque de la prestigiosa institución suní de Al Azhar, Ahmed al Tayeb.

Sin embargo, los partidarios de Mursi rechazan esa iniciativa por el respaldo de Al Tayeb al derrocamiento del mandatario por parte de las fuerzas armadas.

El jeque de Al Azhar fue una de las personalidades que compareció el 3 de julio junto al jefe del Ejército, Abdel Fatah al Sisi, para anunciar la destitución de Mursi y la suspensión de la Constitución.

Entretanto, a la espera de una hipotética operación policial, la tranquilidad reinaba hoy en la plaza del Nahda, donde los acampados mantienen las medidas de seguridad adoptadas desde hace varios días.

Los voluntarios piden la documentación y registran a quien quiere entrar, aunque antes hay que franquear barreras de alambres de espino y sacos de tierra colocados hace unos diez días por los acampados para defenderse de un eventual ataque policial.

En el interior de la acampada, al igual que ocurre en Rabea al Adauiya, hay dispuestos montones de piedras a los lados, formados con adoquines arrancados de las aceras, listos para ser arrojados por los manifestantes en caso de una irrupción de las autoridades.

A unos metros al norte de la plaza del Nahda, se encuentran varios carros blindados del ejército que cortan los accesos desde ese lado, ya que hay varias instalaciones castrenses en la zona, sin que hoy pudiera apreciarse ningún signo de que se preparaba una acción de las fuerzas del orden.

Mientras, la Justicia egipcia ordenó hoy renovar por otros quince días la detención preventiva de Mursi, retenido por los militares en un lugar desconocido.

La medida cautelar fue prolongada para investigar las acusaciones de supuestos vínculos con el grupo palestino Hamás para perpetrar "acciones enemigas contra el país", además de otros cargos.