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JERUSALÉN, Israel.- La condena por homicidio a un soldado que remató en 2016 a un atacante palestino malherido en Hebrón (Cisjordania), conmovió a la sociedad de Israel.

Un activista de una ONG pacifista documentó inapelablemente los hechos en un vídeo difundido en las redes sociales. Para impedir que esto vuelva a ocurrir, el Gobierno aprobó un proyecto de ley mordaza que prohíbe tomar imágenes de las actuaciones de las tropas y prevé penas de hasta 10 años de cárcel.

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El partido ultranacionalista Israel Nuestro Hogar, dirigido por el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, ha propuesto la nueva legislación para castigar a quienes fotografíen o filmen a los soldados con una pena máxima de cinco años de prisión, si se pretende “desmoralizar a los soldados”, que se elevará hasta 10 años en el caso de que se busque “socavar la seguridad del Estado”. Las mismas sanciones penales recaerán sobre quienes difundan los contenidos audiovisuales, ya sea a través de las redes sociales o de los medios de comunicación.

Todos los partidos que integran la coalición presidida por el primer ministro Benjamín Netanyahu, en el Ejecutivo más derechista de la historia del Estado hebreo, han secundado la iniciativa legal. El fiscal general de Israel, Avichai Mendelblit, advirtió de que la prohibición general de tomar imágenes de las tropas choca con principios constitucionales y de que la nueva norma, si es aprobada por la Kneset (Parlamento) en su actual redacción, será previsiblemente anulada por el Tribunal Supremo. Un miembro de la coalición —que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara— aseguró al diario Haaretz que el texto será revisado antes de ser sometido a votación por los diputados.

El ministro de Defensa aseguró a través de Twitter que la nueva normativa persigue “poner fin a los ataques de grupos que intentan destruir Israel y apoyan el terrorismo para desacreditar, humillar y perjudicar a los soldados”.

El centro de estudios Instituto para la Democracia en Israel considera que, ante la vaguedad del texto legal aprobado por el Gobierno, solo el Ejército podrá estar capacitado para tomar imágenes de los soldados para evitar así que sus actuaciones puedan ser denunciadas e investigadas por la justicia penal internacional.