EFE
BUENOS AIRES, Argentina.- El brazo político de la comunidad judía argentina pidió reabrir la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó en 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto, contra la entonces presidenta Cristina Fernández, a quien acusaba de encubrir a los sospechosos del ataque a la mutua judía AMIA en 1994.

Luego de que el juez Daniel Rafecas decidiera el pasado año archivar la acusación por "inexistencia de delito", lo que fue confirmado por dos tribunales de apelación, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), encabezada por su titular, Ariel Cohen Sabban, solicitó hoy al magistrado desarchivar la denuncia y que además la entidad sea aceptada como querellante.

"En una denuncia cuya desestimación ha quedado firme hace un año y medio, las pruebas que se deberían presentar ahora tienen que ser muy sólidas para revertir semejante estatus", explicaron fuentes conocedoras del caso.

Nisman, procurador encargado de la investigación del atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, creía que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno había asegurado serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque, era en realidad para lo contrario.

El fiscal, quien apareció con un disparo en la cabeza cuatro días después de presentar la acusación contra Fernández y otros altos cargos, creía que con el acuerdo se pretendía encubrir a los sospechosos del atentado, entre los que se encuentran el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo de Irán.

Ese polémico pacto fue ratificado entonces por el Parlamento argentino con los votos de la entonces mayoría kirchnerista, aunque el documento nunca fue ratificado en Irán tras su firma y nunca llegó a entrar en vigor, mientras que en Argentina fue luego declarado inconstitucional.

Es así que la DAIA señaló en el escrito presentado a Rafecas para reactivar la denuncia de Nisman que se considere que finalmente quedó firme esa declaración de inconstitucionalidad del pacto.