Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- Una jueza federal argentina ordenó este sábado un embargo por 156.4 millones de dólares a empresas petroleras estadunidenses y británicas que operan en las Islas Malvinas, en litigio con Reino Unido, además del decomiso de barcos y otros bienes.

La jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó los embargos contra empresas que fueron denunciadas el pasado 21 de abril por operar de manera ilegal en Islas Malvinas, informó la agencia de noticias Télam, que citó fuentes oficiales.

Entre las firmas afectadas figuran Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil y Rockhopper Exploration.

De acuerdo con Notimex, la medida judicial, dictada el jueves pasado, fue dada a conocer hasta este sábado, en el marco de la causa penal iniciada por el gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental del país.

Herráez también dispuso la interrupción inmediata de las actividades que realizan las cinco compañías denunciadas y otras cuatro que les prestan servicios en la zona, cuya soberanía se disputan el Reino Unido y Argentina.

La jueza además ordenó la “interdicción de navegar” de todos los barcos, con el argumento de que “no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Buques”, lo que impide su salida de los puertos en los que se encuentren.

Télam indicó que la magistrada también dio por demostrado, en esta instancia de la causa, que con motivo del anuncio de hallazgo de petróleo y gas en las Islas Malvinas, realizado por la empresa FOGL el 2 de abril pasado, se obtuvo una “ganancia ilícita”.

Para concretar los embargos a las compañías, la orden judicial dispone que la Fiscalía “individualice los bienes o activos sobre los cuales concretamente pesará la medida cautelar”, así como el monto de las presuntas ganancias ilegales.

La denuncia contra las empresas petroleras fue iniciada en primera instancia por los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y luego intervino el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El 21 de abril pasado los fiscales acusaron a las petroleras de “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas”, que se realizan sin “autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".

La orden de la jueza será notificada a la cancillería para que, por vía diplomática y en cumplimiento de los acuerdos de cooperación internacional en materia judicial, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de los países donde están radicados los activos identificados.