Mexicano muerto lleva ante la Corte a la Patrulla Fronteriza

El caso de Sergio Adrián Hernández Güereca abrió una disputa judicial sobre la jurisdicción de los agentes y los derechos de la víctima.

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Foto de contexto del 22 de junio de 2016, en el que se ve a agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan un tramo de la valla que divide a Tijuana , México, con San Diego, California. (Foto de archivo AP/Gregory Bull)
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Agencias
EL PASO, Texas.- La frontera que comparten México y Estados Unidos siempre ha sido difícil, especialmente en los últimos años en que han ocurrido varios incidentes de consecuencia mortales, como la siguiente historia que publica el sitio web de El País y que puede marcar un parteaguas en la justicia estadounidense sobre el rol de los agentes fronterizos.

Sergio Adrián Hernández Güereca, un adolescente mexicano de 15 años, murió en junio de 2010 en el lado mexicano del lecho seco del Río Grande, a la altura de Ciudad Juárez, Chihuahua. La bala que lo mató fue disparada desde el lado estadounidense por un agente de la patrulla fronteriza, Jesús Mesa, que hacía su ronda en El Paso, exas. 

El caso abrió en Estados Unidos una dura disputa judicial acerca de la jurisdicción y los derechos de la víctima aunque no tenga la nacionalidad estadounidense. 

Tras años de lucha en tribunales menores, la decisión final está más cerca, después de que la Corte Suprema aceptara este mes revisar un caso que ha enfrentado a los Gobiernos de los dos países. 

La Patrulla Fronteriza reconoció que desde 2005 sus agentes mataron a 51 personas, casi todas en o cerca de la frontera entre México y EU

Los ocho jueces en activo del máximo tribunal estadounidense deberán decidir, en los próximos meses, si los padres del joven pueden demandar al agente que mató a su hijo y abrir con ello, según Washington, una puerta legal de consecuencias insospechadas.

'Zona de nadie'

Clave en todo ello es la cuestión de si se puede aplicar la Constitución estadounidense y sus garantías a un ciudadano extranjero que ha muerto, como fue el caso de Hernández, en territorio también extranjero. 

La defensa del joven alega que hubo un uso excesivo de la fuerza que viola la cuarta y quinta enmienda de la Constitución, ya que el agente respondió con disparos a un grupo de jóvenes que lanzaban piedras y se negaron a obedecer cuando se les instó a que pararan. 

Una investigación del FBI concluyó, además, que Hernández ni siquiera estaba tirando piedras cuando fue abatido, sino que recibió el disparo en plena cara cuando se asomó a mirar desde el pilar del puente que conecta a la mexicana Ciudad Juárez con la estadounidense El Paso.

La familia de Hernández demandó a varias agencias del Gobierno estadounidense. Un juez local desestimó los cargos por una cuestión de soberanía, al considerar que Hernández es mexicano y estaba en territorio de su país cuando murió. 

Pero un panel parcial de la Corte de Apelaciones decidió en 2014 que, aunque no se puede demandar a las agencias estatales, la familia, sí podía buscar una acusación individual contra el agente Mesa. 

Sin embargo, el pleno de esa misma Corte concluyó un año más tarde que la familia Hernández no podía ampararse en la Constitución estadounidense para presentar su demanda. La última palabra la tendrá ahora el Tribunal Supremo.

Según la defensa de los padres de la víctima, si los máximos jueces de EU les niegan la posibilidad de demandar al agente, se transmitirá el mensaje de que existe una “zona de nadie, sin leyes, en la que los agentes estadounidenses pueden matar a civiles inocentes con impunidad”.

Balas contra piedras

“Los disparos en la frontera, justificados o no, son, lamentablemente, un incidente lejos de ser poco frecuente”, afirma el Gobierno mexicano en los alegatos que acompañan el caso de Sergio Adrián Hernández. 

En la documentación se incluye un informe de la propia agencia estadounidense de la Patrulla Fronteriza que, en 2015, reconoció que agentes mataron desde 2005 a 51 personas, casi todas ellas “en o cerca de la frontera” entre México y Estados Unidos.

La misma agencia, en otro informe sobre 67 incidentes armados con sus agentes entre 2010 y 2012, reconoció que, especialmente en el caso de agentes que responden con disparos a las pedradas lanzadas desde el otro lado de la frontera, “en demasiados casos no parece haberse respetado el principio de lo razonable en lo que se refiere al uso de la fuerza mortal” en este tipo de enfrentamientos.

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