PANAMÁ.- La recién destituida procuradora general de Justicia de Panamá, Kenia Isolda Porcell, luego de ser evidenciada por casos de abuso y corrupción, empieza a dar "patadas de ahogado", al culpar a diferentes sectores del país de su ineptitud al frente de la citada dependencia en los casos emblemáticos abordados durante su administración, entre ellos: Odebrecht, FCC, Blue Apple, Pandeportes, entre otros; ahora se sabe que opera en contubernio con el actual fiscal contra la Delincuencia Organizada, Ricaurte González, quien se encarga de amenazar a empresarios bajo presunta investigación, para que se declaren culpables de lavado de dinero.

La cadena de corrupción al interior de la Fiscalía, la componen dos eslabones más: el ex fiscal contra la delincuencia organizada, Rómulo Bethancourt y la ex fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce, quienes han estado detrás de un sinnúmero de atropellos y extorsiones contra empresarios mexicanos y extranjeros, que sin importar el daño que hacen a la nación, violan convenios internacionales con sus ilegales detenciones sin importarles torcer la ley, por lo que el nuevo Procurador General de la Nación Eduardo Rubén Ulloa Miranda, tendrá como principal tarea devolver al Ministerio Público la institucionalidad y la confianza en la sociedad.

Kenia Isolda Porcell. (Redacción/SIPSE)

Cabe recordar que Ricaurte González estuvo a cargo de la carpeta dentro de la causa que se le sigue al ex presidente Ricardo Martinelli, por el caso "pinchazos", desde la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, mismo que ya demandó a sus detractores por la serie de irregularidades presentadas en su caso.

Kenia Porcell, también es acusada de realizar polémicas rotaciones y acomodar a su gente en puestos claves, con excesivos salarios, justo antes de que fuera cesada de la Procuraduría en diciembre pasado por el escándalo de las filtraciones de los "Varela Leaks".

Es decir acomodó sus fichas a conveniencia, como es el caso del Fiscal Superior contra el Crimen Organizado, Marcos Mosquera de la Guardia, para que le cubran la espalda, tras abrirse una serie de investigaciones en su contra por parte del Gobierno Federal.

Algunos parlamentarios, como la abogada del PRD, Zulay Rodríguez, ya había alertado, mostrando fotos de documentos y archivos, sobre la destrucción y manipulación de pruebas por parte de la ex procuradora general de la nación, un mes antes de dejar el cargo. Abogados que trabajan en el mismo Ministerio Público, y que han solicitado el anonimato por el momento, aseguran que durante los 30 días laborables que tuvo la ex procuradora a partir del anuncio de su salida, se dedicó a destruir las pruebas que la implicaban en diversos delitos.

Las rotaciones y nombramientos que realizó de manera sospechosa, fue en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde está plenamente identificada su gente, con personajes como Tania Sterling, Zuleyka Moore, Aristides García, Aurelio Vásquez, Adecio Mojica, Adela Mitre, Pedro Menacho y Ricaurte González.

Las quejas de justicia selectiva por parte de Kenia Porcell, la cual fue manejada con criterios netamente políticos, fueron una constante en su administración. A esto se añade que más del 75 por ciento de los casos de corrupción que se investigaron durante su gestión al frente del Ministerio Público y enviados a los tribunales para audiencias, no fueron resueltos, lo que da cuenta de la incapacidad de la polémica ex funcionaria que en cualquier momento podría pisar la cárcel.

Tan sólo algunos de los casos que la han mantenido en el ojo del huracán, se encuentran una denuncia que hizo Raúl de Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel de Saint Malo, en la cual asegura que fue presionado por el Ministerio Público para que involucrara a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, en un caso relacionado con la constructora Odebrecht.

Otro es la demanda del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, que denuncia una conspiración criminal por parte de Kenia Porcell, quien violó la ley y el debido proceso, así como sus garantías, al extralimitarse en sus funciones y actuar por cuenta propia, pasando por encima de fiscales y del Servicio Exterior, en el caso "Pinchazo", un tema que se ha politizado y manipulado.

También se le acusa a la ex funcionaria por la ilegal contratación del “metabuscador”, un equipo tecnológico que tiene la capacidad de darle seguimiento a correos electrónicos, redes sociales, sociedades, cuentas bancarias y todo tipo de información que es ingresada a su base de datos.