Agencias
PHOENIX, Arizona.- Una corte federal estadunidense anuló este miércoles una ley antiinmigrante de Arizona, al derogar la denominada Proposición 100, que prohibía a los jueces evaluar fianzas a presuntos delincuentes sospechosos de ser indocumentados.

La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco, California, decidió por nueve votos contra dos dejar sin efecto la ley, que fue objeto de una demanda interpuesta por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU).

La Proposición 100 fue aprobada por los votantes de Arizona en noviembre de 2006, durante un auge antiinmigrante en la legislatura estatal.

La legislatura definió como delitos “serios” las transgresiones de Clase 4, que incluyen la mayor parte de las violaciones a las leyes de inmigración, en una escala en que la clase 1 incluye los delitos más graves y la clase 6 los menos graves.

La ACLU interpuso una demanda en contra de la enmienda, pero el estatuto fue ratificado por un juez federal en Phoenix, y en primera apelación por tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito en junio pasado.

Libertades básicas

La ACLU solicitó que el caso fuera analizado por el pleno de magistrados de la Corte Federal de Apelaciones, que el miércoles dictó su fallo.

“El fallo de hoy reivindica una de nuestras libertades básicas garantizadas en la Constitución de Estados Unidos´: que toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo Cecilia Wang, de la ACLU.

Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que la Corte restituyó a Arizona el principio constitucional de que cada persona tiene derecho a una audiencia individual en la corte antes de ser detenidos en espera de juicio.

Encarcelamiento innecesario

La Proposición 100 eliminaba el derecho fundamental de un acusado a solicitar la libertad bajo fianza en audiencia individual.

La clasificación de delitos de la norma hacía que los detenidos pudieron acceder sólo a libertad condicional si se declaraban culpables en última instancia.

La ACLU denunció que la Proposición 100 permitió la detención de un sinnúmero de personas que no representaban riesgo de fuga o peligro para los demás, lo que resultó en su encarcelamiento innecesario y costoso.