Anna Villechenon/Milenio
WASHINGTON, D.C.- Ha sido en un contexto particularmenente tenso que los miembros de 113 Congreso estadunidense prestaron juramento el 3 enero, en Washington. Mientras que sus predecesores debieron esperar hasta el final para resolver —temporalmente— la crisis del “abismo fiscal” (o “muro fiscal!), los representantes y senadores elegidos el pasado 6 de noviembre han debido abocarse a numerosos y pesados expedientes, derivados en su mayoría del impasse legislativo en que los dejó el 112 Congreso, considerado por los observadores como uno de los menos productivos de la historia de EU.

Dicho impasse es consecuencia del equilibrio de las fuerzas presentes en ambas cámaras. Pese a la renovación de la totalidad de las bancas en la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado, el equilibrio político no ha variado: los republicanos conservaron la mayoría de la Cámara baja, 235 asientos sobre 435, y el Senado sigue en manos de los demócratas, 55 asientos sobre 100.

Subir el techo de la deuda

Es el principal casus belli  entre republicanos y demócratas. La Casa Blanca y el Congreso deben llegar a un acuerdo sobre el techo legal de la deuda, fijada hoy en 16 mil 394 millones de dólares. Esa prerrogativa del Congreso, que data de 1917, es necesaria para permitir al gobierno hacer préstamos más allá del primer trimestre de 2013; y, también, evitar la bancarrota del Estado.

Sin embargo, el techo fue oficialmente alcanzado el lunes 31 de diciembre. Pero el Tesoro aplicó medidas de emergencia que permiten al gobierno endeudarse por al menos otros dos meses, dejando a Washington un margen adicional para llegar a un acuerdo.

Barack Obama quiere evitar a cualquier precio una repetición del verano de 2011, cuando la incapacidad de las dos bancadas para acordar un texto común terminó por costarle a EU una degradación de la calificación de su deuda soberana por la agencia Standard and Poor’s.

Pero la agencia Moody’s ya previno que el acuerdo alcanzado en las últimas horas de 2012 para evitar el tope fiscal fue insuficiente en su opinión para permitirle a EU preservar su calificación “Aaa”, haciendo temer una próxima degradación cuando de nuevo las negociaciones se anuncian difíciles: los republicanos amenazan con no dar su aprobación al aumento del techo, y por tanto bloquear las negociaciones.

Obama, que quiere evitar a toda costa que el tema sea objeto de un regateo, está obligado a ceder en no pocos puntos, entre ellos la reducción masiva de los gastos sociales.

Obama se dice favorable a los “sacrificios compartidos”, evocando la posible reducción del programa médico para los jubilados (Medicare) y de los más pobres (Medicaid), a cambio de una baja general de los costos de salud, demasiado elevados —a saber hospitalización, gastos ambulatorios, gestiones administrativas, gastos farmacéuticos y cuidados prolongados. Los gastos federales en ese ámbito representan poco menos del 5.5 por ciento del producto interno bruto, y alcanzarán 7.5 por ciento en 2025.

Reforma agrícola

Es la meta más lejana. El Congreso tenía hasta el 30 de septiembre anterior para terminar de elaborar un plan agrícola quinquenal de 500 mil mdd, el Farm Bill. Pero la campaña electoral ahondó las tensiones y las negociaciones nunca prosperaron, lo que obligó al Congreso a prolongar la antigua ley, que había expirado precisamente en septiembre.

De hecho, no es la primera vez que las negociaciones patinan. La anterior Farm Bill (2008) requirió seis revalidaciones hasta su nuevo contenido. Renovada cada cinco años, la ley fija el monto de los programas de ayuda alimentaria a los más necesitados y determina los productos agrícolas elegibles para las ayudas públicas, así como el monto de los subsidios del Estado a esos productos, entre ellos la leche.

Elaborado por la Cámara baja, el texto de la nueva Farm Bill prevé una baja espectacular de los montos asignados a los cupones alimenticios (food stamps). Pero algunos republicanos quieren ir más lejos y proponen recortes en los cupones y una baja de las subvenciones agrícolas.