Agencias
CARACAS, Venezuela.- El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves que seis personas fueron detenidas en allanamientos realizados en la ciudad centro costera de Valencia y que fueron incautadas armas y explosivos plásticos, según informó Associated Press.

"Hemos procedido a allanar los lugares (en Valencia) donde estaban escondidos estos bandidos y tenemos seis presos", dijo Maduro en una intervención telefónica que difundió la televisora estatal.

El mandatario no ofreció mayores detalles sobre los detenidos y su vinculación con los hechos violentos ocurridos la víspera en Valencia y solo indicó que en los allanamientos "hemos incautado armas, (explosivos plásticos) C-4, bombas".

En la madrugada del jueves, en una reunión extraordinaria de seguridad con su gabinete, Maduro había ordenado que la fuerza pública actúe "en las zonas de focos violentos ", según informó la ministra de Comunicación Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Se ordenó l actuación d la fuerza pública en las zonas de focos violentos en las próximas horas, así como, detención de los financistas y...

— Delcy Rodríguez (@DrodriguezMinci) marzo 13, 2014

El mandatario convocó al gabinete extraordinario de seguridad tras los incidentes que se registraron el miércoles en Valencia, capital del estado Carabobo, que dejaron un saldo de tres muertos, entre ellos un capitán de la Guardia Nacional, y 14 lesionados, algunos de ellos por armas de fuego.

Rodríguez dijo que el gobernante también ordenó a un grupo de acciones de la Guardia Nacional realizar "el allanamiento de viviendas en la zona del Trigal en Valencia" y detener a financistas y proveedores de "grupos violentos".

El mayor general Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada, dijo a la televisora estatal que "vamos a ir asegurando espacios sobre todo en El Trigal donde se han producido estos hechos".

Agregó que "estamos diseñando nuevos métodos para atender esta arremetida que ya se está convirtiendo en una insurgencia terrorista armada". Padrino denunció que miembros de la policía judicial "fueron atacados por grupos violentos, con armas de alto calibre y ya tenemos detenidos siete".

Valencia, la tercera ciudad más grande del país con un millón y medio de habitantes y una intensa actividad industrial, amaneció el jueves tranquila, indicó Miguel Cocchiola, alcalde de esa localidad.

En entrevista telefónica, Cocchiola dijo a The Associated Press que algunas vías amanecieron bloqueadas con barricadas hechas de basura, desechos y escombros que habían levantado los manifestantes pero que las autoridades las estaban removiendo.

Sobre el accionar violento de supuestos grupos oficialistas armados, conocidos como "colectivos", Cocchiola expresó que le corresponde a la Fiscalía General investigar esos hechos pero sostuvo que hay "vídeos, pruebas" que corroboran las denuncias de agresión y disparos que presuntamente habrían causado las muertes y las lesiones que sufrieron las personas que se reportaron heridas.

El estudiante universitario Jesús Enrique Acosta, de 22 años, el capitán de la Guardia Nacional Ramzor Ernesto Bracho, de 36, y un hombre identificado como Guillermo Sánchez, de 42, fueron asesinados a balazos en incidentes separados el miércoles en Valencia, donde se han registrado protestas callejeras desde hace un mes al igual que en la capital venezolana y otras ciudades del país.

Las muertes de Acosta y Sánchez se produjeron en la barriada La Isabelica, dominada por la oposición, donde residentes descontentos con la escasez de artículos de primera necesidad y el aumento del desempleo por el cierre de algunas empresas de la zona han protestado durante semanas bloqueando las calles y lanzando piedras a la policía.

El jueves la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, dijo que la cifra de muertos asciende a 28, pero no ha ofrecido un listado con los nombres de las víctimas y no ha podido ser verificada de manera independiente. Las declaraciones de Ortega Díaz fueron pronunciadas durante su intervención en el XXV Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que se realiza en Ginebra, Suiza.

Ortega Díaz dijo en un comunicado que por los eventos violentos ocurridos en todo el país han sido aprehendidas 1,347 personas, de las cuales sólo permanecen detenidas 106 a quienes se les abrió proceso judicial.

Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han protagonizado desde comienzos de febrero protestas callejeras contra la inflación que alcanzó en enero una tasa anualizada de 56,3%, el desabastecimiento de bienes básicos, las largas colas para comprar algunos artículos en las tiendas de abarrotes y una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

El bloque oficialista que lidera Maduro, y que ganó fácilmente las elecciones municipales en diciembre, no muestra signos de colapso. El presidente acusa a la oposición de tratar de instigar su derrocamiento pero su partido controla los poderes legislativo y judicial, conserva el apoyo de los militares y, salvo en tres estados del país, todos los gobernadores son oficialistas.

La Unión Suramericana de Naciones acordó la víspera el envío de una comisión de cancilleres a Caracas para apoyar y asesorar un diálogo político amplio que ayude a superar la difícil situación que afronta la administración de Maduro, que hace frente su primera crisis desde que asumió el gobierno en abril del año pasado luego de las elecciones que se convocaron tras la muerte del expresidente Hugo Chávez.

La Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a más de una decena de partidos y organizaciones opositoras, expresó el jueves en un comunicado su disposición dialogar con el gobierno. Pero dijo que el acercamiento sólo será posible si se cumplen algunos requisitos como la liberación del dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, detenido desde el 18 de febrero en una cárcel militar por su supuesta vinculación con las protestas, así como de todos los presos políticos.

También pidió que se adelanten investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas las últimas semanas; el "desarme y desmovilización verificable de los grupos paramilitares y parapoliciales; el cese del racionamiento en la venta de bienes y alimentos y el combate efectivo a la creciente delincuencia".

La alianza opositora dijo que estaba abierta a que un tercero, nacional o internacional, sirva de mediador en el diálogo.