Agencias
MADRID, España.- El gobernante y conservador Partido Popular de España usó su mayoría en el Congreso para restringir la disponibilidad del aborto, lo que obligará a mujeres de 16 y 17 años a pedir permiso a sus padres o tutores para poder interrumpir su embarazo.

La votación en el Senado la noche del miércoles fue de 145 votos a favor, 89 en contra y cinco abstenciones. Tres legisladores del PP votaron en contra la medida que restringe el aborto para menores.

En septiembre pasado, el gobierno desechó un plan muy criticado para regresar la ley de aborto propuesta en 2010 por los socialistas, la cual permite abortar sin restricciones en las primeras 14 semanas de embarazo. Se dijo en ese momento que no había consenso para el cambio.

Sin embargo, el gobierno se comprometió a tratar de restaurar la obligación de permiso de los padres para las jóvenes de 16 y 17 años de edad.

Con este voto, la reforma queda aprobada por las Cortes Generales españolas y entra en vigor, después de que ya hubiera recibido luz verde por parte del Congreso de los Diputados en julio pasado.

El aborto fue despenalizado en España en 1985 durante el gobierno del socialista Felipe González, que instauró una ley de supuestos sustituida en 2010 por la vigente normativa de plazos durante el gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El proyecto inicial del gobierno del PP de Mariano Rajoy preveía sustituir el aborto dentro de unos plazos por una ley de supuestos en la que las mujeres solo podían abortar legalmente en casos de violación o riesgo físico o psíquico para la madre.

Ese proyecto generó una de las mayores polémicas del gobierno de Rajoy y provocó la dimisión en septiembre de 2014 del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, después de que el jefe del Ejecutivo anunciara la retirada del proyecto para reformar la legislación en materia de aborto.

Rajoy justificó esa retirada en la falta de consenso para llevar adelante la ley, que contó con las críticas de los colectivos de izquierdas, organizaciones profesionales y defensores de los derechos de la mujer y pretendía sustituir la actual normativa, basada en los plazos, por una de supuestos concretos.

(Con información de AP y EFE)