Orden migratoria de Obama 'pisotea' la Constitución
La acción anunciada por el Presidente 'sobrepasa su autoridad', aseguran 17 estados que buscan frenarla en una corte federal.
Agencias
DALLAS, Texas.- Texas y otros 16 estados presentaron una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Barack Obama en materia migratoria, que evitaría la deportación de unos cinco millones de indocumentados.
La demanda, presentada este miércoles en una corte federal de Brownsville, en la frontera de Texas con México, sostiene que la acción sobrepasa la autoridad del Ejecutivo y “pisotea” la constitución de Estados Unidos, según informa Notimex.
La demanda incluye a los estados de:
- Alabama
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Kansas
- Luisiana
- Maine
- Misisipi
- Montana
- Nebraska
- Carolina del Norte
- Carolina del Sur
- Dakota del Sur
- Texas
- Utah
- Virginia occidental
- Wisconsin.
La acción ejecutiva emitida por Obama el pasado 20 de noviembre es unilateral y lesiva para una cláusula de la Constitución y de la ley federal, dijo el procurador general de Texas, Gregg Abbott, gobernador electo de su estado.
Según el funcionario, la medida lesiona una cláusula constitucional que “limita el poder del presidente y asegura que deberá ejecutar fielmente las leyes del Congreso”, sin intentar reescribirlas.
Sostuvo que la orden ejecutiva de Obama al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “fue emitida sin seguir las pautas de la Ley de Procedimiento Administrativo”, por lo que Abbot la calificó como una norma legislativa adoptada de manera ilícita.
Se trata, agregó, de “un decreto ejecutivo que requiere a las agencias federales concederle beneficios legales a personas cuya conducta contradice las prioridades del Congreso”.
El funcionario subrayó que Obama carece de autoridad para emitir una orden de este tipo.
El dato
La orden ejecutiva ampara contra la deportación a casi la mitad de los 11.2 millones de indocumentados que se estima residen en Estados Unidos, en especial a quienes tienen hijos nacidos en Estados Unidos o son residentes legales permanentes y llegaron al país hace cuando menos cinco años.
También amplia la “admisibilidad” del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que beneficia a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
La medida protege a los beneficiarios de la deportación hasta por tres años y les permite contar con permisos de trabajo, pero no otros beneficios gubernamentales, incluyendo subsidios bajo la ley de Salud.
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