EFE
SANTIAGO DE CHILE.- A tres años del derrumbe en el yacimiento San José, que se cumplen este lunes, los 33 mineros de Atacama siguen con problemas psicológicos y económicos, mientras la investigación judicial ha concluido sin culpables y los acreedores estudian vender la mina.

"Mis compañeros están mal, la parte psicológica mal, de salud mal", aseguró el minero Raúl Bustos, de 43 años, que ahora reside en Concepción, en el sur del país, y que no participó en los actos conmemorativos celebrados en Copiapó, a 804 kilómetros al norte de Santiago.

Allí se reunió ayer la mitad del grupo para analizar los asuntos que les preocupan, incluida la película que contará su historia y que se comenzará a rodar en los próximos meses.

Este lunes sostuvieron un encuentro con autoridades regionales y después once de ellos participaron en una misa.

Lejos quedan los días en que la atención mediática internacional estaba pendiente de los detalles del rescate, que se inició el 22 de agosto de 2010, cuando se supo que los mineros estaban vivos, y que culminó el 13 de octubre de ese año con una operación espectacular para sacarlos a la superficie.

Una vez fuera, los mineros se encontraron con menos ayuda y más problemas económicos de los que la fama parecía augurarles.

"Lo que queremos es volver a la vida normal que teníamos, y eso es mediante el trabajo. Si no hay trabajo no podemos hacer una vida normal. El tema es que algunos no pueden por la parte psicológica, pero otros sí y tampoco hemos tenido oportunidades", afirmó Bustos.

La semana pasada, se supo que la Fiscalía de la región de Atacama cerró sin acusados la investigación por el derrumbe de la mina.

El fiscal consideró que "no había convicción para formular una acusación" contra los dueños, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, ni contra los responsables del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), encargado de fiscalizar la actividad minera.

"Estamos todos muy sentidos", asegura Bustos, quien cree que "había pruebas suficientes" para procesarlos y juzgarlos.

Pese a ello, los mineros siguen adelante con la demanda civil para obtener una indemnización de la empresa.

Por su parte, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, señaló hoy a los periodistas que respeta las decisiones de los distintos poderes del Estado y que "el Gobierno no puede pedir que se reabra la causa", ya que "solamente los querellantes pueden pedirlo".

Bajan accidentes

En tanto, la junta de acreedores de la Minera San Esteban, dueña de la mina, que se declaró en quiebra tras el derrumbe, ha acordado poner en venta el yacimiento, que podrá volver a funcionar siempre que se construyan nuevas galerías.

"Si alguien quiere hacer uso de esa mina tiene que pedir los permisos correspondientes y ahí se estudiará con todo el detenimiento y toda la publicidad necesaria para ver si se autoriza la explotación de ese yacimiento", advirtió el ministro.

El dinero recaudado por la venta de los activos de la mina se debe destinar a pagar las indemnizaciones a los trabajadores y a los acreedores y también a devolver los 5 millones de dólares que la empresa debe al Estado chileno por el rescate, que en total costó 22 millones de dólares.

Por otra parte, De Solminihac aseguró que la tasa de accidentes mineros mortales bajó en un 55 % en 2012 respecto a 2010.

El ministro explicó, además que se ha puesto énfasis en la supervisión, al pasar de 18 personas encargadas de esta labor en 2010 a 60 en 2012 para todo el país, así como en la capacitación y en la regularización de labores.