21 de Septiembre de 2018

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Por trampa en becas, multan a segunda mayor compañía educativa de EU

Education Management Corporation tendrá que pagar 95.5 mdd por tratar de obtener de forma ilegal unas becas del Gobierno.

La fiscal general y secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, dio a conocer la sanción contra EDMC durante una rueda de prensa. (Archivo/EFE)
La fiscal general y secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, dio a conocer la sanción contra EDMC durante una rueda de prensa. (Archivo/EFE)
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EFE
WASHINGTON, DC.- La segunda mayor compañía educativa de EU, Education Management Corporation (EDMC), tendrá que pagar una multa de 95.5 millones de dólares por presionar a su personal para matricular a tantos estudiantes como fuese posible con el objetivo de obtener de forma ilegal unas becas del Gobierno.

La ley prohíbe a las empresas educativas pagar al personal en función del éxito de matriculación, pero la empresa lo ocultó para beneficiarse durante 10 diez años de préstamos y fondos federales y estatales, informó hoy la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, en una rueda de prensa.

El Departamento de Justicia anunció este lunes el acuerdo al que llegó con Education Management Corporation, una compañía que opera diferentes cadenas de centros académicos en Estados Unidos, entre los que destaca una escuela de arte, así como la Universidad Argosy, Brown-Mackie College y la South University.

En Education Management Corporation (EDMC), con sede en Pittsburgh (Pensilvania), están inscritos más de 100 mil estudiantes y aproximadamente el 90 por ciento de los ingresos de esta empresa provienen de las becas y ayudas obtenidas de forma ilegal durante años, indicó el Departamento de Justicia.

"Sin precedentes" calificó Lynch la multa de 95.5 millones de dólares que tendrá que pagar la compañía por operar como "un molino de reclutamiento" y condicionar los salarios de sus empleados a la cantidad de alumnos que conseguía incluir entre sus filas.

"Las acciones de EDMC fueron no solo una violación de la ley federal, sino también una violación de la confianza depositada en la compañía por sus estudiantes, incluyendo veteranos de guerra (que estudiaban en los centros) y padres, todo a costa de los contribuyentes", reprobó la fiscal general.

El Gobierno y cinco estados demandantes (California, Florida, Illinois, Indiana y Minesota) sostienen que, desde 2003 hasta ahora, la compañía falsificó unos certificados en los que aseguraba que cumplía con la Ley de educación superior (HEA, por su sigla en inglés) para obtener fondos.

Como resultado del acuerdo, la compañía se compromete a acabar con sus prácticas de reclutamiento engañosas, informar correctamente a los nuevos estudiantes y, además, estará obligada a abrir sus puertas a una supervisión independiente encargada de verificar el cumplimiento las medidas.

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