Agencias
BOGOTA, Colombia.- Un tribunal de esta capital dejó temporalmente sin efecto un fallo de la Procuraduría General mediante el cual fue destituido el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, en un nuevo giro sobre la suerte del gobernante capitalino y que mantiene en vilo a sectores políticos colombianos, según informó Associated Press.

Al decidir una tutela o demanda, el magistrado José María Armenta, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concluyó que la Procuraduría o Ministerio Público no es la institución competente para investigar disciplinariamente a los funcionarios elegidos por voto popular, como es el caso de Petro.

"El señor procurador, no tiene atribución constitucional para disciplinar y sancionar con destitución y menos, para inhabilitar para el ejercicio de los derechos políticos a las personas y menos a un servidor público a quien el pueblo en forma soberana a través del procedimiento eleccionario le ha investido de poder popular", sostuvo Armenta en un documento de 21 páginas al que tuvo acceso la AP.

La determinación de Armenta, fechada la víspera, debe ser ratificada o revocada en unos 10 días por sus demás compañeros del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, departamento del centro del país y donde se ubica Bogotá.

Mientras se emita ese fallo del Tribunal, el presidente Juan Manuel Santos queda impedido de avalar la destitución del alcalde, según la decisión de obligatorio cumplimiento. "Ordénese al Presidente de la República que se abstenga de darle cumplimiento a la decisión...impuesta por la Procuraduría General de la Nación al señor Gustavo Petro Urrego", dijo Armenta en su fallo.

"La suspensión provisional de la destitución es un triunfo democrático de la Justicia y la ciudadanía. Aun vamos hacia fallos definitivos", comentó el alcalde en un mensaje de su cuenta de Twitter tan pronto se conoció la decisión del juez.

Más temprano y aún sin conocerse el fallo del juez Armenta, el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez indicó que el presidente Santos acatará el fallo de la Procuraduría, que ratificó la víspera su decisión de destituir del cargo y prohibir a Petro hacer política por 15 años.

"Eso es clarísimo, frente a una decisión ejecutoriada de la Procuraduría el presidente no tiene alternativa distinta a cumplirla. Eso es lo que dice la constitución", indicó el ministro Alfonso Gómez Méndez en una entrevista con la radio Caracol.

Agregó que "el presidente no tiene alternativa distinta a cumplirla, esté o no de acuerdo con la decisión".

En el laberinto de normas legales colombianas, Santos tiene al menos 10 días para emitir el decreto que avale la destitución del alcalde capitalino, pero sólo si en ese lapso no se produce otra decisión judicial local, como una tutela o demanda,--como la de la jornada-- o internacional, como si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide conceder a Petro medidas cautelares que el funcionario solicitó en diciembre para suspender su destitución mientras el caso se resuelve en esa corte, lo que demoraría años.

"Si antes de eso (el decreto) se produce un mecanismo jurídico, por ejemplo una tutela que ordene suspender, el presidente tiene que evaluar" qué hará, dijo el ministro. Sobre una decisión de la CIDH "habría que esperar en qué términos sale... si es solicitarle al Procurador que pare el trámite... en ese momento el gobierno evalúa".

En medio de la espera, Petro, que asumió el cargo el 1 de enero de 2012, sigue al frente de la alcaldía de Bogotá, la principal del país debido por sus ocho millones de habitantes y su determinante influencia política.

El procurador general Alejandro Ordóñez falló el 9 de diciembre destituir a Petro e inhabilitarlo para ejercer cargo públicos por 15 años en un dictamen que fue ratificado la víspera en última instancia de la Procuraduría. Petro, un exsenador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), ha rebatido legalmente el fallo y llamado a nuevas concentraciones pacíficas todos los días de esta semana en la céntrica Plaza de Bolívar, frente a la cual se ubica la alcaldía.

La sanción de sacarlo del cargo obedeció a que según la Procuraduría Petro violó normas de la libre competencia, entre otras, al decretar un cambio en el sistema de recolección de basura de la ciudad en diciembre de 2012 que dejó a la capital colombiana por tres días en medio de un reguero de desechos. Ordóñez, visto como un funcionario conservador y que ha aplicado sanciones similares a congresistas, alcaldes, gobernadores y exfuncionarios, ha defendido su fallo diciendo que es la ley la que contempla sanciones de 10 a 20 años para esas faltas administrativas calificadas por él de "gravísimas".

En caso de que finalmente Petro salga del despacho, Santos deberá designar un reemplazo y luego nombrar a un alcalde interino hasta que se realicen nuevas elecciones para cumplir el resto del mandato hasta el 31 de diciembre de 2015, explicó en entrevista telefónica con The Associated Press el representante a la Cámara Miguel Gómez, quien impulsó el año pasado un referendo revocatorio del mandato de Petro por considerar caótica su gestión administrativa.

Gómez dijo que la posibilidad de la consulta, que ya había sido aprobada fines de 2012 por las autoridades electorales, quedó literalmente sepultada con la ratificación de destituir a Petro por parte de la Procuraduría.