22 de Septiembre de 2018

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Nuevo México libera a 68 'ilegales', pero espera más

El alcalde de Artesia indicó que el centro de detención temporal no se cerrará pronto.

Foto del 1 de agosto de 2002 de la entrada a un centro federal de detención en Artesia, Nuevo México, donde el estado retiene a migrantes que cruzaron la frontera sin autorización. (Agencias)
Foto del 1 de agosto de 2002 de la entrada a un centro federal de detención en Artesia, Nuevo México, donde el estado retiene a migrantes que cruzaron la frontera sin autorización. (Agencias)
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Agencias
ALBUQUERQUE, Nuevo México.- Un centro de detención temporal en el sureste de Nuevo México que aloja a casi 500 inmigrantes centroamericanos probablemente recibirá más detenidos y no cerrará pronto, afirmó el alcalde de la ciudad donde está la instalación.

El alcalde de Artesia, Phillip Burch, dijo a The Associated Press que se espera la llegada de nuevos detenidos al Centro Federal de Entrenamiento Policial semanas después que las autoridades levantaron una cuarentena derivada de unos pocos casos de varicela.

Burch dijo que 68 detenidos fueron puestos en libertad y más de una docena deportados la semana pasada.

No estaba en claro si los que quedaron en libertad recibieron asilo o citas judiciales para audiencias.

Kathryn Mattingly, de la Oficina Ejecutiva para la Revisión Inmigratoria, del Departamento de Justicia, dijo que se requería una "solicitud especial", que tarda de 10 a 15 días, para informar sobre las más recientes decisiones de los jueces de inmigración sobre los detenidos en Artesia.

Según Burch, los funcionarios dijeron que permanecen 479 detenidos.

Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informaron a los dirigentes de Artesia sobre las cifras durante una reunión semanal, dijo Burch.

La portavoz del ICE, Leticia Zamarripa, dijo que 324 personas han sido deportadas a Centroamérica desde que se abrió el centro hace tres meses: 182 a Honduras; 88 a Guatemala; 50 a El Salvador y cuatro a Ecuador, según cifras de ICE.

Defensores de los derechos civiles demandaron al gobierno quejándose de que la falta de acceso a la representación legal ha convertido el centro en un "molinete de deportaciones".

Dijeron que se fijan fianzas excesivas y que se niegan los pedidos de asilo a una tasa mucho mayor que para el resto de la población inmigrante.

Funcionarios de ICE se negaron a formular declaraciones sobre la demanda federal.

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