Agencias
CIUDAD DE PANAMÁ.- La justicia panameña ha detenido temporalmente la investigación por crimen organizado que se adelanta al bufete jurídico que quedó en el centro del escándalo internacional de los llamados Papeles de Panamá.

La fiscal general, Kenia Porcell, dijo que las pesquisas se han paralizado debido a que un tribunal superior solicitó los expedientes originales de la investigación a la firma Mossack-Fonseca a raíz de un recurso de amparo presentado por la defensa.

"El Primer Tribunal Superior técnicamente nos ha quitado la investigación", señaló. "Nos están pidiendo que entreguemos el original de la investigación, lo que significa que el Ministerio Público no podrá continuar" sino hasta que se resuelva el amparo.

La medida tiene lugar a pocos meses de que se cumpla un año de la publicación sobre las filtraciones masivas al bufete, que dejaron al descubierto las cuentas financieras en ultramar o empresas "offshore" con las que los ricos y poderosos esconden sus fortunas en paraísos fiscales.

El escándalo puso en la picota a Panamá y llevó al gobierno a crear un comité de expertos para que recomendaran acciones para mejorar la transparencia en su plataforma de servicios legales y financieros internacionales. El caso tomó mayor relevancia por el hecho de que uno de los miembros de la firma -Ramón Fonseca- había servido como asesor del presidente Juan Carlos Varela, de quien es correligionario.

Jugarreta

El analista político y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal cuestionó con dureza la paralización de la investigación. "Absolutamente innecesario y es una jugarreta de las que se hacen en Panamá para impedir que la justicia siga su curso", dijo Bernal a The Associated Press. 

La defensa de la firma Mossack Fonseca presentó el amparo en contra de la decisión de un juzgado que autorizó al Ministerio Público extender la investigación al bufete, luego que en diciembre pasado se venciese el plazo inicial de seis meses. 

En un comunicado enviado a la AP, el bufete dijo que la decisión de ese juzgado "es una clara violación a los derechos y garantías constitucionales que ostenta cualquier ciudadano panameño" porque autorizó la investigación a su firma de manera indefinida.