Agencias
WASHINGTON , DC.- La Corte Suprema dictó el lunes que algunas empresas pueden negarse a acatar la cláusula de la reciente reforma de salud que les obligaría a pagar por el control anticonceptivo de sus empleados, si tienen objeciones religiosas.

La decisión, en una votación de 5-4, es la primera vez que el máximo tribunal ha dictado que las empresas privadas pueden esgrimir argumentos religiosos para eludir la ley federal. Y significa que el gobierno debe buscar una manera diferente de dar anticonceptivos gratis a las mujeres que están cubiertas por los seguros de las empresas, según publica The Associated Press.

Los anticonceptivos están entre varios servicios de prevención que deben ser proporcionados gratis según la ley de salud que el presidente Barack Obama aprobó en 2010 y la Corte Suprema refrendó dos años después.

Hace dos años el presidente de la corte John Roberts dio el voto que salvó la ley de salud en medio de la campaña de reelección de Obama. Pero el lunes al definir este punto. Roberts apoyó a los cuatro jueces que habrían acabado con ella por completo.

El juez Samuel Alito escribió la opinión de la mayoría. Los cuatro jueces liberales no estuvieron de acuerdo con el fallo.

La corte subrayó que su fallo es válido sólo para las empresas que están bajo control de pocas personas en las que no hay una diferencia esencial entre la empresa y sus propietarios, como Hobby Lobby de Oklahoma, una tienda de artesanía y arte que se opuso a la provisión.

Alito también dijo que la decisión está limitada a los anticonceptivos bajo la ley de salud.

"Nuestra decisión no debe entenderse como un mandato que señala que seguro de salud que necesita desaparecer si está en conflicto con las creencias religiosas de los patrones", dijo Alito.

El juez sugirió dos maneras en las que el gobierno puede garantizar que las mujeres tengan acceso a los anticonceptivos. 

El gobierno puede pagar para la prevención del embarazo, dijo, o puede dar el mismo tipo de arreglo que ha puesto a disposición de empresas con orientaciones religiosas o sin fines de lucro. 

Esos grupos le pueden decir al gobierno que dar la cobertura viola sus creencias religiosas. 

Tras esto las aseguradoras o un administrador externo toman la responsabilidad de pagar por el control natal de las mujeres.