EFE
SAN JOSÉ, Costa Rica.- El Gobierno de Costa Rica anunció que presentará este martes una demanda contra Nicaragua para fijar los límites marítimos bilaterales, con lo que se abre un nuevo capítulo de disputa en el marco de unas relaciones que se mantienen frías desde el 2010.

La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, dijo este lunes en una rueda de prensa que la demanda se presentará en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la Haya, la cual ya tramita otros dos procesos entre estos países.

"He tomado la determinación de presentar un procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia a fin de que sea este máximo tribunal el que determine los límites marítimos entre la República de Costa Rica y la República de Nicaragua", expresó la mandataria.

Costa Rica afirma que Nicaragua se retiró de una mesa de negociación de los límites marítimos en el año 2005 y que desde entonces se ha negado a regresar, incluso teniendo como garantía la mediación de la Organización de Naciones Unidas.

Líneas inventadas

Chinchilla aseguró que el detonante para presentar la nueva demanda fue que Nicaragua ha estado ofreciendo a empresas internacionales bloques de exploración y explotación petrolera en territorios que le pertenecen a Costa Rica en el Caribe y el Pacífico.

El canciller costarricense, Enrique Castillo, afirmó este lunes que Nicaragua trazó líneas "inventadas" para definir límites y está ofreciendo 55 bloques petroleros (15,000 kilómetros cuadrados) en territorio costarricense en el Caribe y otros 18 bloques (20,000 kilómetros cuadrados) en el Pacífico.

Costa Rica afirma que esto lo determinó aplicado métodos que se utilizan en el derecho internacional para trazar las líneas de límites marítimos.

Por ejemplo, según la versión costarricense, Nicaragua trazó una línea recta hacia el este en el Pacífico desde el límite terrestre con Costa Rica, cuando según el derecho internacional debería ir en dirección noreste.

Oportunidad de diálogo

Lo mismo ocurre en el Caribe, donde Nicaragua trazó la línea en dirección suroeste, cuando debería ser noroeste, según el Gobierno costarricense.

"Luego de que Nicaragua suspendiera unilateralmente las negociaciones en el año 2005, procuramos darle una nueva oportunidad al diálogo. Desde mi invitación para iniciar ese diálogo en el mes de marzo de 2013, Nicaragua respondió acelerando acciones tendientes a menoscabar espacios marinos costarricenses", dijo Castillo.

El diplomático calculó que, tomando en cuenta otros casos similares, esta demanda podría tardar unos cuatro años en resolverse en la CIJ.

Castillo afirmó que tras recibida la demanda, la Corte debe fijar fechas para las primeras audiencias en las que comunicará el procedimiento a seguir.

Esta demanda es un capítulo más de las tensas relaciones que caracterizan a Costa Rica y Nicaragua desde el 2010, durante los Gobiernos de la presidenta Chinchilla y del nicaragüense Daniel Ortega.

Costa Rica acusó en el 2010 a su vecino ante la CIJ de invadir y causar daños ambientales en la costarricense Isla Portillos o Isla Calero (fluvial), un territorio en la costa del Caribe que Nicaragua reclama como suyo y al que llama Harbour Head.

Al año siguiente el Gobierno costarricense comenzó a construir un camino de lastre paralelo al fronterizo y de soberanía nicaragüense río San Juan, con el fin de "ejercer soberanía" en la zona y llevar desarrollo a los aislados pueblos del lugar.

Medidas cautelares

En 2011 Nicaragua presentó ante la CIJ una acusación contra Costa Rica por daños ambientales el río San Juan y en 2013 el tribunal decidió tramitar ambos casos en un solo expediente.

Durante este proceso Costa Rica ha denunciado constantemente que Nicaragua violó las medidas cautelares impuestas por la Corte para mantener despejada la zona de litigio.

En noviembre pasado la CIJ impuso medidas cautelares a Nicaragua y un mes después rechazó un pedido similar hecho por el Gobierno nicaragüense contra su vecino.

El presidente nicaragüense ha dicho varias veces que está dispuesto a dialogar con el país vecino sobre los casos presentados en la Corte, pero el Gobierno de Costa Rica ha descartado esa posibilidad al considerar que no existe credibilidad ni confianza.