19 de Septiembre de 2018

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Piden crear tribunal para juzgar los crímenes de guerra civil

La resolución de la ONU fue adoptada por consenso y fue apoyada por el gobierno ceilandés.

Mujeres de la etnia tamil participa en una concentración en Zúrich, para homenajear a las víctimas de la guerra civil de Sri Lanka. (Archivo/EFE)
Mujeres de la etnia tamil participa en una concentración en Zúrich, para homenajear a las víctimas de la guerra civil de Sri Lanka. (Archivo/EFE)
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EFE
GINEBRA, Suiza.- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó hoy una resolución que pide establecer un tribunal de justicia con presencia de expertos nacionales e internacionales para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra civil en Sri Lanka.

La resolución ha sido adoptada por consenso y ha sido apoyada por el gobierno ceilandés, quien ha asumido que debe arreglar cuentas con el pasado, redimir a las miles de víctimas del conflicto y juzgar, procesar y condenar a "los máximos responsables".

Se calcula que en 26 años de conflicto, entre 60 mil y 100 mil personas murieron y miles de ellas tuvieron que exiliarse tras sufrir graves violaciones a los derechos humanos.

El establecimiento de esta Corte mixta es una de las principales recomendaciones del informe elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), presentado recientemente.

"Una Corte mixta es esencial por dos razones. Porque por regla general los sistemas judiciales nacionales no pueden lidiar con crímenes internacionales, y sobre todo para que sea creíble para las víctimas y la comunidad internacional", indicó en rueda de prensa Silvia Cartwright, una de las expertas que colaboró con el informe de la ONU.

El informe recabó evidencias que "indican de forma muy contundente" que tanto los rebeldes tamiles como el Gobierno de Sri Lanka cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto que los enfrentó.

La ONU también reveló que las desapariciones forzadas eran un método de tortura sistemático contra la población civil

La investigación de la Oficina cubre el periodo comprendido entre 2002 y 2011, lo que no implica que la Corte no abarque un periodo más amplio.

De hecho, todo lo relacionado con la creación y puesta en marcha de dicha Corte depende del gobierno ceilandés y de su voluntad de cumplir con las recomendaciones incluidas hoy en la resolución del Consejo.

Para asegurarse que el ejecutivo de Sri Lanka cumple con lo solicitado, la resolución solicita a la OHCHR que informe al Consejo sobre la evolución del proceso de aquí a un año y, posteriormente, dentro de 18 meses.

En principio se entiende que la Corte se establecerá en territorio nacional y con la participación de fiscales, jueces y abogados defensores ceilandeses, que trabajarán en colaboración con profesionales internacionales, pero eso también cabe al Ejecutivo decidirlo.

Cómo podrán participar los testigos y víctimas de la diáspora, que fueron, precisamente, los principales testimonios del informe de la ONU, está por determinar.

"Es importante que la Corte se establezca en el país no sólo para facilitar la participación de las víctimas que se quedaron sino también para que la población se la apropie, y se cree el proceso. Queda por ver como incluir a la diáspora", explicó Cartwright.

Asimismo, deberá establecerse un método para tratar con las garantías necesarias a todos los testigos, incluidas las miles de víctimas de violencia sexual, que durante el conflicto fue una práctica de tortura muy extendida.

La investigación de la ONU también reveló que las desapariciones forzadas eran un método de tortura sistemático contra la población civil, incluso en las horas finales del conflicto.

De hecho, el texto acusa al Gobierno de haber bombardeado indiscriminadamente zonas pobladas por civiles y que el propio Ejecutivo había establecido como "zonas libres de fuego".

Finalmente, el informe indica que hay "claras evidencias" de que el Gobierno restringió los movimientos de los trabajadores humanitarios y que bloqueó de forma deliberada la distribución de comida y medicamentos, lo que llevó a la hambruna de la población y que esta se usara como un arma de guerra.

La resolución aprobada hoy también ensalza el hecho de que el Gobierno se haya comprometido a crear una comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación; una oficina de personas desaparecidas; y una oficia de reparaciones para las víctimas.

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